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Estamos en temporada de presupuestos, y se acaba de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015. La política fiscal ha tenido como misión principal durante estos últimos años la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas. La reducción del déficit estructural se ha realizado en un contexto complicado en el que los ingresos fiscales se han reducido de forma considerable, y las partidas para atender la deuda y prestaciones sociales se han disparado debido a la situación cíclica de la economía. La credibilidad de las finanzas públicas se ha consolidado en estos dos últimos años si tenemos en cuenta el coste de financiación actual de la deuda pública española, y por tanto desde este punto de vista la estrategia ha sido positiva.
Desde la perspectiva fiscal, el incremento del control y transparencia de la deuda comercial de las administraciones ha servido para aflorar la deuda en la sombra que mantenía el sector público local y autonómico, y sobre todo para convertir la deuda comercial en deuda financiera a través de préstamos concedidos por la administración central. En general ha sido una estrategia acertada en cuanto que las empresas necesitaban cobrar sus deudas para obtener recursos y liquidez en un momento financiero complicado. Otra medida importante ha sido la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuyo objetivo es "velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo." Hay que tener en cuenta que este organismo ha sido creado en parte por indicación de la Unión Europea, existiendo ya en países de nuestro entorno como Alemania, Bélgica, Austria y Suecia.
Los presupuestos generales para el próximo año hay que enmarcarlos dentro de un contexto de crisis económica con profundas raíces financieras, sin herramientas monetarias y con un déficit público que pasó del 2% en 2007 al 11,1% en 2009. Es evidente que el desequilibrio presupuestario era tan intenso que se planteaba la no viabilidad financiera de las finanzas públicas si no se tomaban medidas para poner límites al peligroso ciclo déficit/deuda pública que se estaba generando. El presupuesto para 2015 continúa con el proceso de contención del déficit de las administraciones y de estabilización de la deuda pública.
Las líneas generales de la política fiscal han estado marcadas por la disciplina fiscal y la transparencia de la información económica-financiera de todas las administraciones públicas. El hecho de que España sea el país de la OCDE con un porcentaje mayor de gasto descentralizado (el 45% aproximadamente corresponde a administraciones territoriales) hace que el esfuerzo fiscal tenga que ser compartido necesariamente por todas las administraciones. Esto también se ha puesto de manifiesto en el hecho de que nuestro país haya sido el país del G-20 que ha hecho un mayor esfuerzo de consolidación fiscal en términos de ajuste estructural primario, o sea que es el que más esfuerzo en la reducción de gastos permanentes ha realizado, de ahí el conflicto territorial y social que se manifiesta permanentemente en la sociedad y en las instituciones.
En el cuadro anterior podemos ver por un lado las recomendaciones de déficit público aprobados por el ECOFIN en julio de 2013, y como las previsiones del gobierno van más allá de los objetivos exigidos por Europa. Por otro lado, se puede ver la senda de consolidación fiscal esperada para los distintos niveles de la administración pública en el período 2014-2017. El hecho de que las predicciones hayan mejorado y por tanto permitan una senda más intensa de consolidación lo atribuye el gobierno a la mejora de los costes por intereses de la deuda, y a la mejora del mercado laboral y la reducción de las prestaciones por desempleo. Por principio, las estimaciones que realizan los gobiernos de turno siempre son más optimistas que el consenso de expertos, y este probablemente es el caso, pero también es cierto que dicho consenso ha ido mejorando sus previsiones conforme progresaba el año, sobre todo por los datos de empleo.
La preocupación más importante en estos momentos es que la economía europea y española recaiga de nuevo en un tercera recesión, lo que haría saltar por los aires todo el esquema de estrategias que actualmente están previstas. Como se puede ver en el cuadro, las Comunidades Autónomas deberán continuar con el proceso de reducción de sus déficit hasta situarlos en 2017 en el 0%, al igual que la Seguridad Social. Ante un escenario de crecimiento débil de la producción nacional la única fórmula para estabilizar y reducir en la medida de lo posible el ratio deuda/PIB es consiguiendo un déficit público muy reducido o neutro que posibilite un excedente primario que permita amortizar deuda. No hay que olvidar que el panorama de baja inflación para los próximos años no ayuda a mejorar la posición financiera frente a una deuda bruta nominal que estará en torno al 100% del PIB. En conclusión, el proyecto de presupuesto continúa en la línea de consolidación presupuestaria y estabilidad fiscal, que requiere de esfuerzos fiscales importantes y que dependerá la intensidad de dicho sacrificio de la evolución de la economía en los próximos trimestres.