6 de enero de 2021

Evolución del gasto público en salud por CCAA (I).


El gasto social tiene un enorme peso presupuestario  y social en la medida en que influye de forma importante en el bienestar de los ciudadanos -ha absorbido el 65,3% del gasto del conjunto de AAPP en 2019 según la IGAE-. De ahí el intenso uso electoral realizado por los distintos agentes políticos y sociales de este país durante los últimos años. Dentro del gasto social se encuentra la partida destinada a salud, la cual también tiene un enorme valor táctico en las expectativas electorales de dichos agentes políticos. Por ello es fundamental analizar la evolución que han tenido ambas variables y el contexto en el que se ha producido dicho proceso. En el gráfico 1.1 se puede ver cómo se ha comportado el gasto social y sanitario desde 1995, y básicamente se pueden observar dos etapas: la primera hasta 2009 en la que el gasto se triplicó, y una segunda etapa de ligero descenso del gasto en términos absolutos coincidiendo con el comienzo de la Gran Recesión iniciada en ese año, y que comenzó a revertirse a partir de 2014. Para tener una visión completa del esfuerzo presupuestario que ha realizado el país durante ese tiempo, habría que añadir otras perspectivas al volumen absoluto de recursos destinados a dichas partidas. En concreto, se trata de comparar dichos recursos con el PIB, el total de gasto social realizado y el importe total del gasto ejecutado por el conjunto de administraciones públicas.


En primer lugar, en el gráfico 1.2 se puede ver el gasto funcional realizado sobre el total de gasto público del conjunto de administraciones públicas. Se puede observar claramente las dos etapas comentadas en Salud y Educación. Sin embargo, el conjunto del gasto social continuó creciendo su peso debido básicamente al gasto en protección social (desempleo, pensiones, etc) que no solo no descendió, sino que se incrementó considerablemente absorbiendo una parte importante del presupuesto público cuyos ingresos se habían derrumbado a causa de la crisis.


Una segunda perspectiva del gasto público en salud se puede observar en el gráfico 1.3 donde se representa la evolución de cada partida funcional sobre el total del gasto social (básicamente Salud, Educación y Protección Social). Como se puede ver la crisis hizo que las partidas de Salud y Educación cedieran importancia en el conjunto del gasto social, absorbiendo dichos recursos la partida de protección social. El hecho de que esta última partida no descienda su peso -incluso que se incremente de forma constate-, una vez que la economía española comenzó a crecer, se debe al incremento persistente de las pensiones que ha compensado el descenso en el resto de partidas -básicamente desempleo-.


La tercera perspectiva está representada en el gráfico 1.4 donde se puede ver el porcentaje de gasto funcional respecto al PIB nacional. Esta perspectiva es la que más se usa en la comparativa internacional, y por tanto es básica para analizar el esfuerzo presupuestario realizado en nuestro país dentro del entorno europeo. También será muy útil desde  un punto de vista interno, en la medida en que las competencias en materia sanitaria está descentralizada en las distintas regiones y comunidades autónomas, y eso nos ayudará a ver el desempeño realizado por los gestores públicos de cada territorio. 

En conclusión el gasto social, y en concreto el sanitario creció de forma importante gracias a la burbuja fiscal generada por el boom inmobiliario y crediticio. Como se verá más adelante, es un fenómeno que también se produjo en otros países de nuestro entorno. A partir del comienzo de la crisis, de las tres partidas principales que forman el gasto social, la que más ha crecido tanto en términos absolutos como relativos ha sido la protección social, y en concreto las pensiones. Esa dinámica es muy probable que continúe en el tiempo en la medida en que se espera un incremento importante de personas jubiladas que se incorporarán al Sistema con jubilaciones cada vez más altas. El envejecimiento general de la población también presionará el gasto sanitario, debido al crecimiento del número de personas que necesitarán de los recursos sanitarios, y al aumento de la cronicidad de las enfermedades, que generará un uso más intensivo de dichos recursos. Y todo ello contando con que la pandemia generada por el COVID-19 sea un fenómeno eventual y no se prolongue en el tiempo sus efectos.

Lo que si se puede afirmar al margen del sesgo ideológico que cada persona incorpore a su análisis, es que teniendo en cuenta la grave crisis económica iniciada en 2009 y las tensiones financieras sufridas entre 2011 y 2013, la austeridad presupuestaria en materia de salud no fue tan intensa si se analiza en un contexto temporal amplio, y dentro del difícil entorno económico y financiero en el que los gestores públicos tuvieron que tomar decisiones. Cuando analicemos el comportamiento de otros países durante ese periodo, veremos que España no fue un caso tan excepcional en cuanto a restricciones presupuestarias en salud, y que esas decisiones se tomaron al margen del espectro político de los gestores públicos que gobernaba en ese momento. Eso no resta importancia al hecho de que nuestro país tiene que incrementar el esfuerzo presupuestario en materia social y en concreto en salud, sobre todo debido al proceso demográfico en el que estamos inmersos. La solución para alcanzar el ratio medio de gasto sanitario que tiene nuestro entorno europeo no está solo en subir los impuestos a los que tienen más ingresos o tienen más patrimonio, entre otras razones porque con eso sólo se consigue una parte, y además pueden generar efectos colaterales que se ignoran si se abusa de dicho recurso. Tampoco lo está en elevar el endeudamiento público que hipoteca el futuro del país como se ha hecho hasta ahora. La estrategia más adecuada para que sea sostenible un nivel superior de gasto social estaría en elevar el nivel medio de ingresos de los ciudadanos, en la medida en que cuanto mayor sea su nivel de ingresos mayor capacidad tienen como contribuyentes, aumentando así los recursos destinados a impuestos sin que merme su calidad de vida o incluso les haga caer en riesgo de pobreza. Esto último es lo difícil de conseguir porque requiere tiempo y también sortear el bosque de demagogia en el que normalmente se oculta la realidad. Lo fácil sabe hacerlo todo el mundo, obviamente.