Evolución del gasto público en salud por CCAA (II).

 

Como ya se explicó en la anterior entrada, el gasto público en salud ha tenido una conducta aparentemente parecida en los países de nuestro entorno europeo. Una fase previa de crecimiento intenso que colapsó en 2008 con el comienzo de la crisis financiera y una segunda fase de estabilidad o descenso como en el caso español. En el gráfico 1.1 (a) podemos ver dicho comportamiento, aunque en el caso de nuestro país, el incremento y posterior descenso del gasto público en salud se produjo de forma más intensa que la media europea. Esto encajaría con una posible burbuja fiscal durante el periodo de crecimiento y con una posterior incapacidad financiera para mantener el esfuerzo en esa partida, debido entre otras razones al fuerte incremento del gasto en protección social causado por el desempleo y las pensiones. 

España presenta dos diferencias respecto a las principales economías de la Eurozona en el asunto tratado. La primera es que el porcentaje del PIB que gasta en salud ha sido de promedio un punto porcentual inferior a la referencia europea. La segunda que la mayoría de los países que forman la Zona Euro, han incrementado el peso de dicho gasto en su PIB en el periodo 2008-2018, tal como se puede observar en el gráfico anterior. Destacar al respecto que los países que peor registros presentan cuando se compara su situación en 2008 y 2018 son Irlanda (-2,1 puntos), Grecia (-1,1 puntos) y Portugal (-0,8 puntos), todos ellos intervenidos por la Unión Europea y que estuvieron obligados a adoptar medidas de consolidación fiscal y reformas estructurales.

Si utilizamos la referencia del gasto público total para analizar el comportamiento de las distintas funciones del mismo, podemos observar también el crecimiento y posterior reducción del peso en salud respecto al conjunto del gasto público de cada país. España mantuvo un porcentaje similar a la media de la Zona Euro, y fue durante el periodo 2010-2012 cuando se redujo en 2 puntos mientras que esta última mantuvo relativamente estable su peso. Hay que puntualizar que además de la vertiente financiera del gasto público en salud existen factores particulares que inciden en la estrategia financiera sanitaria de los distintos países. 

Donde mejor se aprecia los factores individuales que afectan al gasto público en salud es en la variable gasto per cápita en euros, entendida como el gasto nacional total en salud dividido entre población a 1 de enero. En el caso español, dicha variable se ha triplicado durante el periodo analizado (1995-2019) pero aún así presenta un desfase significativo respecto al esfuerzo realizado por nuestros principales socios europeos, algo que se agravó significativamente tras la crisis. En dicho periodo la media de la Zona Euro ha crecido en 2,5 veces situándose en  2.509 euros por habitante, mientras que España registra un gasto de 1.615 euros.

En el gráfico anterior se puede ver la comparativa del gasto per cápita en salud del conjunto de la Unión Europea. Principalmente destaca el hecho que nuestro país tenga un nivel de coste per cápita en salud bastante inferior a la media, teniendo en cuenta que dicho desfase no se manifiesta cuando se compara en términos de PIB o de gasto público total. La variable que conectaría esa singularidad sería el PIB, y la hipótesis sería que nuestro país presenta un desfase en la producción nacional total que genera su economía respecto a los países de referencia. Si esta última variable creciera por encima de nuestros socios, la brecha se cerraría permaneciendo estable el esfuerzo sobre PIB y sobre gasto total. Este fenómeno también se reproduce a nivel nacional, en tanto que hay comunidades autónomas que tienen niveles parecidos o inferiores tanto respecto a su PIB como a su gasto público, pero sin embargo registra desfases importantes en el gasto per cápita, algo que aunque se mitiga en parte con transferencias para financiar dicho gasto sanitario, está bastante correlacionado con el nivel de PIB regional.

Las cifras registradas por Eurostat y mostradas en el presente artículo recogen un periodo amplio de casi veinticinco años, en el que se nos muestra un conjunto homogéneo de datos de gran utilidad para ver la estrategia sanitaria en los distintos países a lo largo de ese periodo. Es probable que los datos del 2020 rompan con la homogeneidad comentada, en la medida en que la pandemia haya impactado de forma importante en el gasto público en salud, aunque también mostrará el esfuerzo financiero realizado por cada país para luchar contra ella. Es importante destacar que hay factores internos que influyen en la dinámica financiera futura del gasto público en salud de cada territorio, entre otros la posición en el ciclo demográfico, los recursos escasos disponibles a repartir con las políticas de protección social que genere un mercado laboral ineficiente, y sobre todo el nivel de PIB que produce una determinada economía.  

En conclusión, podemos concluir sin equivocarnos que el sistema sanitario público español presenta una relación calidad/coste excelente, algo reconocido a nivel internacional. Por motivos espurios, intereses no confesables o simplemente por incompetencia de los gestores políticos, se pone constantemente en cuestión el sistema, unos para despedazarlo en beneficio propio y otros presentando estrategias financieras inviables que no tienen en cuenta ni las restricciones financieras presentes y futuras, ni las posibles consecuencias negativas que generan, ni los plazos necesarios para conseguir los objetivos. Defender y mejorar el sistema existente no es una cuestión ideológica o política, simplemente un objetivo pragmático y útil para el bienestar general de los ciudadanos. Utilizar el gasto público sanitario como estrategia política además de generar una gran confusión y desconocimiento sobre la realidad, a veces es una fuente de promesas imposibles de cumplir y sobre todo generadora de frustraciones que tanto daño están haciendo a la convivencia y la mejora real de los servicios públicos. 

Evolución del gasto público en salud por CCAA (I).

El gasto social tiene un enorme peso presupuestario  y social en la medida en que influye de forma importante en el bienestar de los ciudadanos -ha absorbido el 65,3% del gasto del conjunto de AAPP en 2019 según la IGAE-. De ahí el intenso uso electoral realizado por los distintos agentes políticos y sociales de este país durante los últimos años. Dentro del gasto social se encuentra la partida destinada a salud, la cual también tiene un enorme valor táctico en las expectativas electorales de dichos agentes políticos. Por ello es fundamental analizar la evolución que han tenido ambas variables y el contexto en el que se ha producido dicho proceso. En el gráfico 1.1 se puede ver cómo se ha comportado el gasto social y sanitario desde 1995, y básicamente se pueden observar dos etapas: la primera hasta 2009 en la que el gasto se triplicó, y una segunda etapa de ligero descenso del gasto en términos absolutos coincidiendo con el comienzo de la Gran Recesión iniciada en ese año, y que comenzó a revertirse a partir de 2014. Para tener una visión completa del esfuerzo presupuestario que ha realizado el país durante ese tiempo, habría que añadir otras perspectivas al volumen absoluto de recursos destinados a dichas partidas. En concreto, se trata de comparar dichos recursos con el PIB, el total de gasto social realizado y el importe total del gasto ejecutado por el conjunto de administraciones públicas.

En primer lugar, en el gráfico 1.2 se puede ver el gasto funcional realizado sobre el total de gasto público del conjunto de administraciones públicas. Se puede observar claramente las dos etapas comentadas en Salud y Educación. Sin embargo, el conjunto del gasto social continuó creciendo su peso debido básicamente al gasto en protección social (desempleo, pensiones, etc) que no solo no descendió, sino que se incrementó considerablemente absorbiendo una parte importante del presupuesto público cuyos ingresos se habían derrumbado a causa de la crisis.

Una segunda perspectiva del gasto público en salud se puede observar en el gráfico 1.3 donde se representa la evolución de cada partida funcional sobre el total del gasto social (básicamente Salud, Educación y Protección Social). Como se puede ver la crisis hizo que las partidas de Salud y Educación cedieran importancia en el conjunto del gasto social, absorbiendo dichos recursos la partida de protección social. El hecho de que esta última partida no descienda su peso -incluso que se incremente de forma constate-, una vez que la economía española comenzó a crecer, se debe al incremento persistente de las pensiones que ha compensado el descenso en el resto de partidas -básicamente desempleo-.

La tercera perspectiva está representada en el gráfico 1.4 donde se puede ver el porcentaje de gasto funcional respecto al PIB nacional. Esta perspectiva es la que más se usa en la comparativa internacional, y por tanto es básica para analizar el esfuerzo presupuestario realizado en nuestro país dentro del entorno europeo. También será muy útil desde  un punto de vista interno, en la medida en que las competencias en materia sanitaria está descentralizada en las distintas regiones y comunidades autónomas, y eso nos ayudará a ver el desempeño realizado por los gestores públicos de cada territorio. 

En conclusión el gasto social, y en concreto el sanitario creció de forma importante gracias a la burbuja fiscal generada por el boom inmobiliario y crediticio. Como se verá más adelante, es un fenómeno que también se produjo en otros países de nuestro entorno. A partir del comienzo de la crisis, de las tres partidas principales que forman el gasto social, la que más ha crecido tanto en términos absolutos como relativos ha sido la protección social, y en concreto las pensiones. Esa dinámica es muy probable que continúe en el tiempo en la medida en que se espera un incremento importante de personas jubiladas que se incorporarán al Sistema con jubilaciones cada vez más altas. El envejecimiento general de la población también presionará el gasto sanitario, debido al crecimiento del número de personas que necesitarán de los recursos sanitarios, y al aumento de la cronicidad de las enfermedades, que generará un uso más intensivo de dichos recursos. Y todo ello contando con que la pandemia generada por el COVID-19 sea un fenómeno eventual y no se prolongue en el tiempo sus efectos.

Lo que si se puede afirmar al margen del sesgo ideológico que cada persona incorpore a su análisis, es que teniendo en cuenta la grave crisis económica iniciada en 2009 y las tensiones financieras sufridas entre 2011 y 2013, la austeridad presupuestaria en materia de salud no fue tan intensa si se analiza en un contexto temporal amplio, y dentro del difícil entorno económico y financiero en el que los gestores públicos tuvieron que tomar decisiones. Cuando analicemos el comportamiento de otros países durante ese periodo, veremos que España no fue un caso tan excepcional en cuanto a restricciones presupuestarias en salud, y que esas decisiones se tomaron al margen del espectro político de los gestores públicos que gobernaba en ese momento. Eso no resta importancia al hecho de que nuestro país tiene que incrementar el esfuerzo presupuestario en materia social y en concreto en salud, sobre todo debido al proceso demográfico en el que estamos inmersos. La solución para alcanzar el ratio medio de gasto sanitario que tiene nuestro entorno europeo no está solo en subir los impuestos a los que tienen más ingresos o tienen más patrimonio, entre otras razones porque con eso sólo se consigue una parte, y además pueden generar efectos colaterales que se ignoran si se abusa de dicho recurso. Tampoco lo está en elevar el endeudamiento público que hipoteca el futuro del país como se ha hecho hasta ahora. La estrategia más adecuada para que sea sostenible un nivel superior de gasto social estaría en elevar el nivel medio de ingresos de los ciudadanos, en la medida en que cuanto mayor sea su nivel de ingresos mayor capacidad tienen como contribuyentes, aumentando así los recursos destinados a impuestos sin que merme su calidad de vida o incluso les haga caer en riesgo de pobreza. Esto último es lo difícil de conseguir porque requiere tiempo y también sortear el bosque de demagogia en el que normalmente se oculta la realidad. Lo fácil sabe hacerlo todo el mundo, obviamente.

La economía catalana dentro de España (II). Comercio exterior

Cataluña sigue marcando la coyuntura informativa del país, aunque por suerte el conflicto institucional parece haber derivado hacia el ámbito político. Las elecciones previstas para el 21 de diciembre puede aclarar algo la situación, aunque por desgracia todavía hay amplios sectores de la sociedad catalana que han llegado demasiado lejos en sus aspiraciones, y probablemente no estén dispuestos a renunciar a sus objetivos. Esto sigue siendo una fuente de incertidumbre que no aclara el futuro, y retrasa claramente las decisiones de inversión, de consumo y en consecuencia de creación de empleo. La argumentación sobre el supuesto "expolio" que sufre Cataluña por parte del estado se ha construido básicamente sobre la diferencia del gasto público que realiza la administración central en la región, frente a los impuestos que recauda de ella y que hace que la balanza fiscal sea negativa. Al ser una polémica difícil de entender por los ciudadanos, el método que utiliza el bloque partidario de la independencia lo que hace es maximizar el resultado negativo que buscan, de manera que solo computan los gastos que se producen en la comunidad autónoma sin tener en cuenta los gastos generales del conjunto de estado, que curiosamente son olvidados como si esos gastos no existieran en el caso de tener un estado propio. Estos argumentos han sido contestados profundamente por parte de figuras importantes de la política no independentistas, aunque centrados únicamente en cuestionar el sistema utilizado para calcular los gastos de la balanza fiscal. Ahora bien, apenas hay referencias al origen de los recursos económicos que utilizan en sus balanzas los partidarios de la independencia, y que proviene de la recaudación de impuestos que se imputa a la comunidad catalana y que se generan en el resto del territorio nacional. Es probable que por ignorancia o por motivos inconfesables no se ha tenido en cuenta el funcionamiento de impuestos como el IVA, que se generan y se recaudan en distintos territorios. Así mientras que la venta de bienes que se realiza a Francia están exentas y por tanto las empresas catalanas no recaudan ese impuesto, en el caso del territorio nacional, el IVA que se genera por el consumo en otras regiones si lo recaudan las empresas catalanas. Por tanto, esos recursos que en el caso de una frontera fiscal deberían imputarse al territorio donde se genera el consumo y no donde se recauda -como si sucede en el caso de las exportaciones que se realizan a Francia-, termina incrementando la recaudación en Cataluña. En la entrada anterior se presentó las principales cifras del comercio interregional entre Cataluña y el resto del territorio nacional, y en este artículo se va a hacer los mismo con su comercio exterior. De la comparación de ambas estadísticas se puede extraer algunas implicaciones sobre el balance económico global público-privado de la comunidad catalana. En gran medida no coincide con el supuesto perjuicio que representa para los intereses catalanes la no independencia, como cierto sector de la sociedad quiere hacer creer, y que en gran medida coincide con aquellos ciudadanos que no dependen del mercado español para mantener sus empresas o sus empleos.

La economía catalana dentro de España (I). Comercio inter-regional

La cuestión catalana está imponiendo la actualidad durante los últimos días, y por tanto es necesario aportar análisis objetivos que ayuden a equilibrar la situación y a reponer el sentido común. Desde hace varios años hemos convivido con el activismo político de economistas que han mezclado sus preferencias ideológicas y el debate económico para presentar una realidad que incorpora bastante sesgo y parcialidad, aunque seguramente lo han hecho con sus mejores intenciones. Esto ha ayudado mucho a generar un clima de agravio, que en muchos aspectos está bastante alejado de la sociedad moderna actual, y demasiado cerca de un ideario difícil de encajar en un entorno global en el que las economías están intensamente conectadas, y los derechos de los ciudadanos están por encima de los históricos. Como se está viendo, han sido los principales actores económicos internacionales y regionales los que últimamente han impuesto una dinámica bastante diferente de las expectativas que mantenían gran parte de sus gestores políticos regionales. Y es que como en otras ocasiones, la política ha conseguido activar un problema que no existía, y que por el nivel de tensión que está alcanzando puede degenerar en complicaciones indeseables para una economía recién salida de la crisis, y que ha dejado muchos ciudadanos en situación crítica. Desde una óptica económica, el momento elegido para agravar el problema territorial puede ser desastroso, y por tanto cabe preguntarse si la oportunidad escogida para dinamitar la convivencia responde a la ineptitud de los gestores políticos, o a una estrategia planificada que responde a la previsible pérdida de importancia y poder de algunos movimientos políticos surgidos con la crisis, y que la recuperación económica reciente puede comenzar a desactivar, a lo que hay que añadir el efecto distracción para ocultar los problemas judiciales relacionados con las corrupción que están teniendo algunos partidos políticos.  

Impacto del Brexit en la economía andaluza

El Brexit se ha convertido en un acontecimiento inesperado que está teniendo y sobre todo tendrá un gran impacto en el futuro. La repercusión de la decisión británica de salir de la Unión Europea dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones, y ahora mismo todo está en el aire, ya que ese proceso puede tardar varios años en el mejor de los casos. La capacidad de Andalucía y del resto de regiones españolas para intentar minimizar el posible daño de tal acontecimiento es limitado, en tanto que todo dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo entre Bruselas y el Reino Unido, y ese ámbito institucional está muy alejado de la capacidad de influencia regional. El impacto del Brexit en la economía europea, española y andaluza vendrá a través de tres canales: el comercial, el de la inversión, y el de los flujos de migración. Actualmente se está tratando de cuantificar el golpe del referéndum británico para la Unión Europea e incluso para el crecimiento económico mundial, y a falta de concretar prácticamente todo, se sabe que va a afectar negativamente en 2017 y 2018. 

El canal comercial es el canal donde el impacto será más explícito, no tanto por el comercio de bienes entre el Reino Unido y la comunidad andaluza, sino por el lado de los servicios y en concreto del turismo. Si tomamos los últimos datos disponibles, el comercio de bienes hacia el mercado británico ha ascendido en abril a 612,1 mm€, lo que ha supuesto un porcentaje del 7,2% del total de bienes exportados por la región andaluza, siendo el cuarto país en el ranking de exportaciones. El peso de las importaciones por su parte ha sido bastante inferior, en concreto de 245,3  mm € suponiendo sólo el 3,2% del total de bienes importados por la economía andaluza. Cómo se puede ver el balance es claramente positivo para la región, por lo que es un elemento importante de preocupación en determinados sectores productivos, debido a que la depreciación de la libra británica supone un encarecimiento relativo de precios de los bienes exportados, a lo que habría que añadir en el medio y largo plazo la introducción de barreras económicas y técnicas que dificulten el intercambio comercial entre ambos territorios. 

Cómo ya se ha podido observar la volatilidad en el cambio Euro/Libra y en los mercados financieros es el principal efecto a corto plazo de la salida del Reino Unido de la UE. El flujo de capitales está siendo intenso, sobre todo teniendo en cuenta que Londres es una de las tres principales plazas financieras del mundo. La incertidumbre es el peor escenario para la inversión, y por tanto este ambiente de inseguridad va a tener sin duda un efecto negativo en la inversión y la capacidad de recuperación económica global, que ya de por sí se encontraba dañada por los problemas que arrastra la economía china. Hay que tener en cuenta que la industria financiera es una de las más importantes del país, y esto es algo que se puede ver en la preocupante burbuja inmobiliaria que se ha originado en la capital debido a los precios de sus inmuebles. Si añadimos a dicha burbuja, la pérdida de una gran parte de su industria financiera, es muy posible que eso repercuta en la economía británica y en el nivel de consumo de bienes y servicios de sus ciudadanos. 

Como ya se ha comentado al principio, la industria turística andaluza podría ser una de las que más sienta el proceso de salida del Reino Unido. Si nos vamos a los datos disponibles, hasta mayo de 2016 se ha registrado un total de 25,2 millones de turistas, de los cuáles 5,8 millones provienen del Reino Unido, lo que supone un 23,1% del total de turistas que han visitado nuestro país. Otras referencia a tener en cuenta es que el principal destino turístico de los británicos es España, donde más días pasan y también donde más gastan, por lo que para nuestro país es importante el comportamiento que tenga el consumo turístico de los británicos durante los próximos años.

El impacto del turismo procedente del Reino Unido no es igual en todas las regiones, y en concreto más de 90% de los turistas se dirigen a Canarias (32,6%), Andalucía (18,6%), Comunidad Valenciana (15,9%), Baleares (13,0%) y Cataluña (10,7%). En concreto, en el caso de Andalucía, el número de turistas que han escogido la comunidad ha sido de 3.743.393 personas hasta mayo del presente ejercicio, de los cuáles 1.078.563 provienen del Reino Unido, por lo que se puede ver claramente las preferencias que tienen los viajeros británicos para su ocio. Actualmente no existe una manera fiable de calcular el impacto que pueda tener el Brexit en la elección de España y Andalucía como destino turístico, pero en principio no existen alternativas claras para sustituir nuestras playas y nuestra oferta de ocio por otro destino diferente. La depreciación permanente de la Libra y el impacto sobre la renta disponible de los ciudadanos británicos son los principales riesgos para la industria turística española.

Probablemente, el tema que más incertidumbre genera para la comunidad andaluza es el impacto en la adquisición de viviendas en su territorio por parte de ciudadanos británicos. Los cambios legales que se puedan producir tendrán seguramente un efecto menor en el turismo y mayor en materia de inversiones, residencia e intercambio de bienes. En concreto, el tema de la inversión residencial es importante para regiones como la andaluza, donde el stock de viviendas disponibles en zonas costeras es elevado, y por tanto, los problemas asociados a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos británicos es un freno para el futuro de ese sector económico. A esto hay que añadir los cambios legales y administrativos que se puedan generar como consecuencia del cambio de estatus en la ciudadanía comunitaria de los residentes que procedan del Reino Unido. 

Como se puede ver en el gráfico anterior, el comportamiento de la inversión residencia extranjera ha sido positiva en tanto que se ha recuperado el ritmo de operaciones anterior al comienzo de la crisis. En Andalucía se han realizado 103.288 transacciones inmobiliarias de viviendas en el primer trimestre del ejercicio en curso, lo que ha supuesto un 19,1% del total nacional. En el caso de extranjeros residentes en Andalucía, el número de transacciones ha sido de 3.307, lo que supone el 19,7% del total realizadas en territorio español. A esto habría que añadir las 409 transacciones realizadas por extranjero no residentes, que suponen el 37,6% del total. Por comunidades autónomas, el principal destino de la inversión residencial de extranjeros ha sido la Comunidad Valenciana (28,5%), seguida de Andalucía (19,7%), Cataluña (15,1%), Islas Canarias (12,0%), Madrid (7,3%), e Islas Baleares (6,9%). 

En cuanto a la nacionalidad de los compradores de viviendas, el boletín de Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores del primer trimestre de 2016, nos aporta datos sobre la demanda de viviendas por parte de extranjeros. En concreto, el 2,8% de las viviendas compradas en ese período las han realizado ciudadanos británicos, lo que supone un 21,9% del total de viviendas adquiridas por parte de extranjeros. Esto confirma la importante actividad inmobiliaria que representa para Andalucía y España la inversión residencial procedente del Reino Unido. Hay que tener en cuanta también el negocio adicional que genera para otros sectores económicos el hecho que los ciudadanos británicos establezcan su residencia en territorio andaluz. Asimismo, otras referencias interesantes para entender el peso económico de este colectivo es que en España viven 1.050.000 de ciudadanos británicos, que tienen en propiedad 86.000 viviendas, y de lo cuáles el 9% tienen una pensión nacional de su país (Impacto en España del deterioro en las perspectivas de crecimiento del Reino Unido de BBVA Research).

La inversión directa del Reino Unido en Andalucía no se corresponde con el peso de su economía en el conjunto nacional. En concreto, en 2015 invirtió 1.096 millones de euros a nivel nacional, llegando a la comunidad andaluza sólo 57,3 millones de euros, un 5,2% del total. El grueso de las inversiones fueron a parar a Madrid (53,0%), Cataluña (25,1%) y País Vasco (5,4%). Teniendo en cuenta que el total de inversión extranjera en Andalucía en 2015 sumó un total de 573 mm€, lo que supuso un 2,4% del total nacional, el Reino Unido duplica el peso de su inversión en la comunidad andaluza. Como se puede ver el impacto de la inversión empresarial en el caso andaluz no es significativo, por lo que no es esperable un impacto relevante en la economía regional. 

En conclusión, el Brexit puede suponer un cambio sustancial para la Unión Europea, en tanto que el Reino Unido es la tercera economía, y su salida implica una transformación importante de las instituciones comunitarias por el impacto transversal que puede tener en el futuro. Es de esperar que las negociaciones se desarrollen con normalidad y de forma constructiva, ya que lo contrario supondría un perjuicio mayor para ambas partes. La decisión británica genera un escenario complejo, desconocido e incluso aleatorio que tiene sin duda aspecto negativos pero también positivos. En principio, para aquellos que quieren seguir progresando en una Unión Europea más profunda, supone eliminar uno de sus principales obstáculos, aunque hay que tener presente que el resultado del referéndum británico no es una singularidad, sino una corriente que parece recorrer toda Europa, por motivos que escapan al ámbito económico y financiero. El resultado obtenido de la creación de la Unión Europea ha sido claramente positivo desde el punto social y económico, aunque evidentemente presente sombras y resultados alejados de objetivos más recientes. Pero es indudable que las tendencias nacionalistas dentro de los países que forman la UE están teniendo éxito en gran parte de su electorado, y a falta de un análisis contrafactual sobre los resultados obtenidos sin UE, estamos a merced de intereses espurios, populismos imprudentes y objetivos adulterados. Más que nunca hace falta información, sensatez y prudencia, para afrontar los riesgos globales que sin duda la UE va a padecer en el futuro, y que juntos se han conseguido minimizar desde su creación. La globalización es inevitable, aunque se puede canalizar mucho mejor sus efectos si Europa está unida que si por el contrario se diluye en intereses nacionales, que curiosamente son muy parecidos pero que actualmente se quieren vender como hechos diferenciales casi insalvables. 

Gasto público sanitario de las Comunidades Autónomas (1995-2014)

Gráfico 1

El gasto regional público sanitario en España se ha reducido durante la fase de crisis económica desde los 66.713 mm€ gastados en 2009 hasta el mínimo que marcó en 2013 con un montante de 58.341 mm€, según los datos disponibles de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El tema del gasto público en salud se ha tratado en una entrada anterior (aquí) desde la perspectiva europea, comparando el comportamiento durante el período comprendido entre 1995-2014 de los distintos países que componen la UE, y en concreto respecto a países comparables en población y tamaño. Los datos utilizados en esa ocasión provienen de Eurostat, y por tanto presenta diferencias respecto a las utilizadas en esta entrada. En el gráfico anterior se puede ver como el gasto en sanidad creció fuertemente durante la primera parte de la década pasada, y como la llegada de la crisis financiera interrumpió la senda alcista, para empezar a descender hasta los niveles actuales. El gasto de personal por su parte se lleva casi la mitad del gasto total (47,4% en 2014), siendo el comportamiento de dicha partida similar al del cómputo total del gasto.

Gráfico 2

Para analizar el gasto regional en salud realizado en nuestro país, se puede examinar el volumen de las partidas en términos monetarios, como se representa en el gráfico 1, o viendo el esfuerzo regional en sanidad realizado por las comunidades autónomas respecto a los recursos públicos disponibles. En el gráfico 2 se representa el porcentaje del presupuesto regional que se destina a sanidad, y en concreto en 2013 y 2014 el porcentaje se situó en el 35,4%, lo que pone de manifiesto el importante peso que tiene el gasto sanitario dentro del presupuesto de las comunidades autónomas. Durante gran parte de la década pasada el esfuerzo se situó en niveles cercanos al 35%, rompiéndose esa tendencia en 2011 (33,0%) y 2012 (31,2%), justo en la fase previa a la restricciones financieras sobrevenida por la situación crítica de las finanzas públicas que ya se anticipaban. En el segundo gráfico se reproduce el comportamiento del gasto en personal sanitario durante un período amplio, y se puede observar que durante la fase de crisis el esfuerzo laboral realizado respecto al total de gasto sanitario ha sido mayor que en la fase previa a la crisis. Hay que tener en cuenta que prácticamente toda la partida sanitaria en Andalucía es gasto de explotación, siendo en 2014 el gasto en personal de 4.303 mm€, los consumos intermedios de 2.310 mm€, los servicios adquiridos en el mercado de 2.119 mm€, mientras la Formación Bruta de Capital fue sólo de 175 mm€.

Gráfico 3

En el gráfico 3 se presenta la evolución anual del gasto sanitario y del gasto total durante la fase de crisis (2008-2014). Hay que tener en cuenta que el sistema público de salud en España está transferido prácticamente en su totalidad a las comunidades autónomas. Por tanto, de ellas depende la decisión última a la hora de asignar recursos financieros para este fin. Entre 2010 y 2012 el gasto sanitario se redujo en mayor proporción que el gasto total regional. Las razones son variadas, pero al final el resultado es que la disminución del gasto sanitario fue más intenso, algo que se revirtió en 2013 y que se ha corregido en 2014. Así si tomamos como nivel de referencia el 2008, el gasto en sanidad ha recuperado 2,7 puntos más que el conjunto de gasto regional. Como ya se ha comentado en otras ocasiones, el gasto público regional es bastante rígido en tanto que si sumamos la partida sanitaria, la educativa y el gasto social atribuido, el cómputo supone el 65,1% del total de recursos públicos disponibles por parte de las comunidades autónomas, y en concreto en el caso andaluz ese porcentaje supone el 70,2% de su presupuesto regional. Hay poco margen para reducir en estos conceptos, y si a eso le añadimos el gasto comprometido destinado a otras competencias como justicia existe poco margen para la discrecionalidad, aunque esto es algo que dejaremos para una próxima entrada.

Gráfico 4

El esfuerzo que realiza una administración autonómica en su sistema de salud también se puede enforcar desde la producción total de su economía, o desde el gasto por habitante que realiza. Si se evalúa el gasto sanitario público respecto al PIB regional se puede observar diferencias significativas entre comunidades (gráfico 4). En el conjunto nacional dicha partida representó el 5,6% de la producción nacional, aunque hay que matizar que el gasto sanitario nacional no sólo recae en las comunidades autónomas, sino que la administración central también destina recursos a este fin, aunque en un montante mucho menor. Teniendo en cuenta este matiz, vemos que en el caso de la comunidad andaluza se destinó el 6,4% de su PIB, mientras Cataluña destina un 4,7%, la Comunidad de Madrid un 3,9% y la Comunidad Valenciana el 6,5%. Si el análisis lo hacemos respecto al gasto sanitario per cápita, vemos que en España el gasto regional medio se situó en 1.258,9 € por persona si sólo tenemos en cuenta el gasto realizado por la administración autonómica. Por su parte, en la región andaluza el gasto per cápita se situó en 1.065,0 €, siendo la comunidad autónoma que menor importe por persona destinó a este fin. Por contra, País Vasco es el que más recursos empleó con 1.594,2 €,  seguido de Cantabria (1.497,4 €), Asturias (1.492,0 €), Navarra (1.437,7 €) y Extremadura (1.433,8 €). De lo anterior se puede extraer que el gasto sanitario presenta diferencias importantes entre comunidades.

Gráfico 5

Para ver la falta de recursos públicos disponibles en la región y el menor desempeño productivo, en el gráfico 5 se observa claramente ambas cuestiones. Esto pone de manifiesto que los problemas que afectan a una comunidad autónoma pueden tener diferentes causas. En Andalucía se hace un esfuerzo mayor o similar en términos de PIB o de gasto público total que en el resto de regiones, pero el principal motivo de desviación respecto a la media nacional es el peor desempeño productivo de la región. En el caso andaluz se manifiesta claramente la necesidad de aumentar la dimensión de su economía para crear riqueza, renta y recursos públicos disponibles, que mejore la situación socio-económica, y que la aproxime a los niveles medios nacionales en muchos indicadores. Por tanto, no es tanto un problema de aumentar el gasto público, como de aumentar el tamaño de su economía para poder ampliar dicho gasto. 

En el cuadro anterior se exponen los principales datos sobre gasto público regional en salud, y como se puede observar, Andalucía representa el 18% de la población española pero sólo gasta el 15,3% del total que destinan a sanidad el conjunto de comunidades autónomas, siendo su gasto per cápita el 85% de la media nacional. Si comparamos las regiones homologables en tamaño y población, se puede ver que el peso del gasto sanitario es similar al de su población en Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. En conclusión, en España sucede algo similar a lo que sucede en la Unión Europea, el sistema sanitario andaluz es relativamente barato si lo comparamos con el resto de regiones españolas, pero esto se debe principalmente a que dispone de menos recursos públicos debido al menor tamaño de su economía, y no tanto por falta de esfuerzo presupuestario de la administración regional.

Gráfico 6

Por último, enn el gráfico 6 se plantea un cálculo simple en el que se expone el gasto necesario a realizar en sanidad por la administración andaluza para tener un gasto per cápita similar a la media del país. Como se puede ver, para conseguir ese equilibrio hace falta incrementar en 1.626 MM€ la partida sanitaria, y de esa manera el gasto per cápita sería de 1.258,9 euros en vez de 1.065,0 euros. Por otra parte, en el segundo gráfico se calcula el PIB regional necesario para conseguir incrementar el gasto per cápita en la cantidad citada anteriormente, pero manteniendo el ratio medio nacional de gasto/PIB que en 2014 era del 5,6%. Esto contrasta con el 6,4% del PIB que necesitó la comunidad andaluza para conseguir un menor desempeño per cápita. Esta simulación no cuantifica todos los factores a tener en cuenta en un análisis de este tipo, y lo que trata básicamente es poner de manifiesto que la comunidad andaluza necesita incrementar su actividad económica, y esto es algo que sucede cada vez que se analiza cualquier comparativa socio-económica regional. Es evidente que la solución a gran parte de los problemas de financiación regional, desempleo, renta y desempeño económico debería venir del incremento del tejido económico empresarial andaluz, pero como sabemos este tipo de estrategias tienen un plazo de maduración largo, requiere de recursos comprometidos que actualmente son limitados, y sobre todo que tiene efectos colaterales que no todo el mundo comprende y está dispuesto a asumir. La cuestión principal es saber si en la actualidad, los incentivos son los correctos, y si están bien orientados, y esto es un análisis que excede el ámbito económico, y que penetra en el ámbito institucional, político e incluso cultural que sería interesante estudiar. 

Evolución del gasto público de España en Educación (1995-2014)

En una entrada anterior (aquí) se trató el tema del gasto público social en España, y en concreto el destinado a la protección social. Esta partida de gasto creció en 71.175 millones € entre 2000 y 2008 (+86,3%) mientras que entre 2008 y 2014 el incremento fue de 29.750 millones € (+19,4%), dejando la cifra en 2014 en 183.443 millones € (17,6% del PIB), según los datos de EUROSTAT. Tal como se indicó, el principal gasto social español está relacionado con la protección social, básicamente pensiones, prestaciones por desempleo, y prestaciones por enfermedad e incapacidad. Pero también hay otras partidas que tienen un enorme impacto en la capacidad de mejora social y económica como es la educación, o simplemente suponen un pilar esencial de los servicios públicos básicos que reciben los ciudadanos como es la sanidad. En concreto en esta entrada vamos a exponer los principales datos financieros que se destinan a la educación en nuestro país. En el gráfico se puede ver la evolución del gasto educativo respecto al PIB de España y de la zona euro. En ambos casos se registra un pico en 2009 y 2010, comenzando a disminuir a partir de 2011 coincidiendo con la fase más dura de la crisis financiera. En 2014 el porcentaje de gasto en educación respecto al PIB español fue del 4,1%, el mismo que Italia (4,1%) e inferior que Alemania (4,3%), Irlanda (4,3%), Grecia (4,4%), Francia (5,5%), Portugal (6,2%), Finlandia (6,4%), Suecia (6,6%), Noruega (5,1%) y Reino Unido (5,2%). Es evidente, que España presenta un déficit en cuanto al gasto publico destinado a educación comparado con nuestro entorno europeo, y que el intento de hacerlo crecer hasta tasas parecidas a éstos se interrumpió con la llegada de la crisis. 

Evolución de la protección social en España

El tema del gasto público en España se ha convertido en el eje central del debate político y social durante estos dos últimos años, en los que la actividad electoral parece no tener fin. Como siempre que se analiza un tema complejo, los datos se pueden utilizar para soportar los argumentos que se quieran, pero siempre hay que dejar claro que los datos no se manipulan ni se retuercen, sino que son los argumentos o los prejuicios los que sirven a esos fines. Si se analiza el ciclo electoral, los resultados del análisis son diferentes que si lo que se estudia es el ciclo económico. Como parece que el ambiente está demasiado impregnado por un análisis político de la economía, no está nunca de más dar un visión diferente, analizando los hechos económicos relevantes más que los hechos políticos. La semana pasada EUROSTAT emitió el comunicado de prensa Government expenditure on social protection accounted for almost one fifth of GDP en el que presenta los principales partidas de gasto público en la Unión Europea. En dicho comunicado presenta el estado del gasto público durante el 2014, que es el último año disponible según la clasificación funcional del gasto de las administraciones públicas (COGOF) conforme a la criterios del SEC 2010. 

Evolución socioeconómica en Andalucía

La situación socioeconómica en Andalucía pasa por analizar la dinámica de su mercado laboral, que es el que más castigado ha sido por la crisis, y que por tanto es el principal origen de los problemas económicos que tienen actualmente las familias. La tasa de actividad en la región ha descendido un -1,5% interanual en el cuarto trimestre del 2015, según los datos de la Encuesta de Población Activa de Andalucía (EPA). En total se ha reducido en casi 60.000 el número de personas activas en la comunidad andaluza. El análisis del comportamiento de la población activa es importante, en tanto que indica el número de personas que o bien están trabajando, o bien están disponibles y quieren trabajar pero no encuentran empleo. La incorporación de personas a la población activa significa que el mercado laboral tiene suficiente profundidad como para absorber la nueva mano de obra disponible. Cuando se produce un estancamiento o se reduce, esto implica que o bien se ha llegado al límite de población disponible para trabajar, o bien que está desanimada ante la imposibilidad de encontrar trabajo, que es lo que sucede en la actualidad. Por tanto, todo lo que suponga un incremento de la población activa, implica una expansión de la capacidad productiva de la economía andaluza, y un mayor nivel de rentas disponibles para el consumo y la inversión.

Riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía

La falta de actividad económica es un problema para la sociedad, en tanto que el desempleo y la escasez de recursos para atender las necesidades de ésta se manifiesta con mayor intensidad en una región como la andaluza que ya arrastra malos resultados. El indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion) que realiza el Eurostat trata de medir el riesgo de pobreza y/o exclusión social dentro del ámbito europeo. También confecciona dicha estadística a nivel regional (NUTS-2), y por tanto nos sirve de gran utilidad para ver el comportamiento de dicha variable desde 2004, y compararlo con otras regiones y territorios. En el gráfico anterior se presenta los datos para España, Andalucía y las tres principales economía regionales (Cataluña, C. Madrid y C. Valenciana). Como se puede ver, el diferencial entre la media nacional y la andaluza ha tenido un comportamiento desigual a lo largo del periodo analizado, y en el último dato disponible de 2014, la diferencia era del 13,1 puntos de diferencia. En términos absolutos, hay en Andalucía unas 3.550.000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, de las cuáles 335.000 se le han sumado durante el año pasado. 

Necesidades laborales futuras y abandono educativo.

La OCDE ha presentado recientemente el Informe de diagnóstico de la estrategia de competencias de la OCDE¹ para España, en el que hace un análisis de la situación de habilidades y competencias que posee la población española, y presenta 11 estrategias o retos a los que nuestro país tiene que hacer frente para mejorar sus condiciones económicas y sociales en esta materia. Estas recomendaciones van acompañadas con multitud de datos y evidencias que indican el enorme esfuerzo que queda por hacer para mejorar el capital humano a nivel nacional, y en concreto en regiones como Andalucía que presenta como en muchos otros aspectos una posición relativa bastante alejada de los estándares europeos. Como ya se ha insistido en muchas ocasiones en este blog, la educación y la formación suele ser un tema de máxima conflictividad política por las posturas aparentemente enfrentadas que existe entre las distintas administraciones territoriales y opciones políticas. Este desencuentro y no tanto la falta de recursos puede ser un elemento de mayor peso en la situación actual y en la consecución de objetivos a largo plazo que nos coloque en la media de OCDE.

Buenas noticias: la construcción se recupera

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) publicó a finales de julio un informe¹ en el que avala el escenario macroeconómico que presenta el gobierno para los PGC 2016, y por tanto da como buenas las previsiones que incorpora.  Uno de los aportes más interesantes son los datos y cálculos que realizan para comprobar si dicho escenario es factible. Dentro de los cálculos que ponen a disposición del público, hacen una simulación sobre el comportamiento del consumo privado, las exportaciones, la FBCF en construcción, en bienes de equipo y por último las importaciones. En el gráfico de arriba se ha representado la pauta que ha seguido la construcción desde 2001, y la previsión para el presente ejercicio y el próximo. Además se expone el escenario central y los márgenes posibles. 

Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas. 2012

El Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) ¹ consiste en un procedimiento estadístico que trata de imputar los gastos e ingresos del sector público del conjunto del estado a las comunidades autónomas mediante el método de carga-beneficio. Existe otra forma de calcular las balanzas fiscales que parten de una metodología diferente, y que se construye mediante el flujo monetario. Ambos sistemas están siendo usados políticamente para justificar estrategias diferentes de convivencia en el país, aunque en el caso que nos ocupa vamos a utilizar el método escogido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que acaba de publicar las cuentas territorializadas de 2012, además de ser el que más consenso parece tener en el conjunto del país.

La distribución productiva catalana. Marco IO 2011

Cataluña es la comunidad que más peso económico tiene en el conjunto del país, con un PIB de 199.785 millones de euros en 2014, supone el 18,9% del total nacional. La Comunidad de Madrid le sigue con una producción de 197.698 millones de euros (18,7%), y Andalucía con 141.703 millones de euros (13,4%). Es pues evidente la importancia de estas regiones en la dinámica económica del país, ya que entre ellas suman más del 51% de PIB nacional. La estructura productiva catalana se puede ver en el gráfico de arriba, destacando las actividades industriales (32,8% del total de la producción interior) y los servicios de comercio, transporte y hostelería (23,7%). Conocer la distribución de la producción regional es útil, en tanto que nos proporciona la posibilidad de comparar distintos territorios y ver las debilidades/fortalezas y las amenazas/oportunidades. 

¿Es verdad que se ha reducido el gasto público social es España?

Para hacer una análisis simple, relativamente serio y con el máximo de objetividad sobre el comportamiento de una magnitud económica, hay que tener en cuenta, entre otras cuestiones, su flujo, el stock, el período utilizado, y la referencia comparativa necesaria para hacer el estudio. Por supuesto que hay otros elementos para enjuiciar el comportamiento de una determinada variable económica, pero probablemente muchos de ellos pertenecen a otros ámbitos distintos al económico. En el gráfico anterior se ha escogido como referencia el volumen (stock) de gasto social público relativo a salud, educación y protección social, respecto al total del gasto realizado por el conjunto de las administraciones públicas. El periodo utilizado es el que nos proporciona las estadísticas de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, que es suficientemente amplia para valorar hechos económicos destacados (integración económica en Europa y adopción del euro), al margen de los gestores públicos que hayan existido en cada momento. 

Empleo a tiempo parcial en Europa

La calidad del empleo es un asunto de especial importancia para que una sociedad pueda disfrutar de un estándar de vida desarrollado. La precariedad laboral está siendo un tema de máxima actualidad, aunque el problema no sea nuevo. Dentro de dicha precariedad suelen incluirse los contratos a tiempo parcial, en tanto que la gente quieren un trabajo a jornada completa. En el gráfico de arriba podemos ver la evolución que han tenido este tipo de contratos en el contexto europeo. Lo más destacable es el incremento general que ha tenido el uso de éstos en los últimos veinticinco años, y sobre todo en el caso de Alemania. Esto último contrasta con el crecimiento económico alemán que ha experimentado durante dicho período, en tanto que esta fortaleza económica debería haberse reflejado en la calidad de empleo, o sea en empleos de jornadas completas. Hay que matizar dos cosas; en primer lugar, el contrato a tiempo parcial es asimilado a contrato de baja calidad laboral en tanto que se da por hecho que todo el mundo quiere trabajar una jornada completa, algo que no tiene porqué ser así. En segundo lugar, el ejemplo alemán puede sugerir que parte del "éxito" económico que se corrobora en la dinámica productiva se pueda deber en parte a una mayor flexibilidad laboral proporcionada por los Part-time.

Situación económica y previsiones del FMI para Portugal.

La actualidad griega centra la atención del mundo económico ante el cambio político que se ha producido en dicho país. Al margen de las implicaciones que puedan tener las actuales negociaciones sobre el programa de ayuda financiera y del nuevo marco político de acuerdos que el país heleno intenta imponer, otros países como Portugal han realizado los esfuerzos necesarios para alejarse del precipicio financiero al que estaban asomados, y presentan datos relativamente optimistas para los próximos ejercicios, dejando atrás la recesión. El programa de respaldo financiero del FMI que concluyó a finales de junio del año pasado ayudó a estabilizar la economía portuguesa y a reestablecer el acceso a los mercados del tesoro portugués. 

La percepción negativa de la mejora económica

Es frecuente escuchar en las tertulias de radio y en otros foros que la mejora de la economía no llega al grueso de la población. Es evidente que el desempleo, el endeudamiento excesivo y la falta de recursos públicos para intentar minimizar las consecuencias de la crisis actual, son los fundamentos de la negativa percepción que tienen los ciudadanos andaluces y españoles sobre el comportamiento de la economía en la actualidad. Hay una cuestión al respecto que prácticamente nadie pone en duda -salvo aquellos que desconocen los fundamentos de los ciclos económicos o bien lo utilizan para fines demagógicos-, y es que el crecimiento es esencial para que la mejora económica termine beneficiando al conjunto de la población de un territorio. Por tanto, y al margen del ruidoso debate político al respecto, lo mejor que puede suceder en la coyuntura actual es que la economía coja tracción, y se produzca un crecimiento de los beneficios empresariales que estimule la Formación Bruta de Capital y consecuentemente las rentas salariales vía incremento del empleo.

Economic Survey of Spain 2014. OCDE September 2014

Se acaba de presentar el Estudio Económico de España (Economic Survey of Spain 2014) en el que la OCDE analiza la situación de la economía española, y en el que además de formular recomendaciones para el futuro, expresa los principales aspectos en los que se han conseguido avances significativos. En primer lugar, destacar el 1,2% y el 1,6% que espera que crezca el PIB para el presente ejercicio y el que viene, en gran medida por el comportamiento del consumo privado que registrará crecimientos del 2,1% y 1,8% respectivamente. La Formación Bruta de Capital comenzará a despuntar en 2015 con un incremento del 2,9%.

El organismo explica que las reformas estructurales en el mercado laboral y financiero han colocado los cimientos de la recuperación económica, aunque señala elementos preocupantes en el camino. La tasa de desempleo es demasiado elevada, la innovación empresarial es escasa y los recursos humanos están infrautilizado. También señala las barreras a la actividad empresarial y los problemas para acceder al crédito bancario como aspectos que produce intranquilidad. Las recomendaciones principales que realiza van en la línea de mejorar los mecanismos para encontrar empleo y un mayor peso de la formación profesional a la hora de capacitar a los jóvenes. La reforma impositiva y el incremento de la innovación empresarial, simplificando la regulación y reduciendo barreras para la creación de empresas, son elementos que mejorarían el camino de la recuperación económica. Por último, mejorar los procedimientos de insolvencias y la diversificación de las fuentes de financiación son cuestiones también de interés.

Quizás el tema más controvertido del informe sea las sugerencias que realiza para conseguir acelerar la creación de empleo. En el tema de las políticas activas de empleo propone mejorar la eficiencia de los servicios públicos de empleo, introducir planes personalizados para cada desempleado, definir más detalladamente las obligaciones en cuanto a la búsqueda de empleo y la aceptación de ofertas laborales. La mejor coordinación entre la administración central y las comunidades autónomas, conectando la financiación con la consecución de resultados, y facilitar a los desempleado el accesos a los nuevos itinerarios de formación profesional completan las recomendaciones en este tema.

Respecto a los consejos anteriores casi nadie discutirá que son aspectos en los que queda bastante por mejorar, y la OCDE viene a insistir en la cuestión. En lo que hay mayor contestación es en el resto de medidas que propone para conseguir reducir el desempleo de forma significativa:

• Reducción de cotizaciones sociales a trabajadores de baja cualificación.
• Adherirse a los convenios colectivos en vez de descolgarse.
• Hacer coincidir los costes de finalización de contratos temporales e indefinidos.
• Definir con precisión las causas objetivas para el despido procedente.
• Y promover medidas que ayuden a estimular el mercado de la vivienda en alquiler para conseguir aumentar la movilidad laboral.

Estos temas son más espinosos de tratar en la coyuntura en la que nos encontramos. Quizás se han perdido demasiado tiempo y derechos sociales durante estos últimos años, y la sociedad no está dispuesta a seguir cediendo más en esta materia. En conclusión, el principal aspecto negativo destacable de nuestro país es el elevado desempleo, y en eso están de acuerdo casi todo el mundo. En lo que no hay tanto es en el diagnóstico del problema y las soluciones. La OCDE mantiene que hay que continuar con las reformas estructurales que implican un menor gasto público para mejorar las finanzas del país y una mayor flexibilidad laboral que consiga aumentar la productividad. Por otro lado están los que más critican las medidas propuestas por dicho organismo y que no exponen ninguna alternativa, o lo más que proponen es seguir aumentando el gasto público e incrementando el blindaje de los contratos indefinidos, lo que implica seguir igual que estábamos y mandar el problema al futuro para que lo arreglen los que vengan. La virtud pues no está en los extremos sino en un equilibrio intermedio, y ahí está la clave.