La financiación territorial es un tema recurrente que siempre está en la agenda política, pero que por su complejidad y excesiva sensibilidad territorial, en este momento no parece tener una posible solución óptima a medio plazo. En esta entrada vamos a analizar la situación financiera de las comunidades autónomas y en concreto la andaluza, para ver en qué situación se encuentran, y si comienza a reflejarse la mejora de la económica en sus cuentas. Para hacerlo existen dos metodologías distintas que aportan versiones diferentes del mismo tema, por un lado la necesidad o capacidad de financiación conforme al criterio de Contabilidad Nacional basado en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-2010), y por otro lado el déficit o superávit presupuestario que se calcula mediante la contabilidad pública que se rige por la Ley General Presupuestaria. Ambos métodos presentan diferencias fundamentales en cuatro aspectos: los criterios y normas de valoración, el ámbito objetivo en cuanto a las operaciones incluidas, el ámbito subjetivo en cuanto a entidades o actividades que reflejan, y la metodología de cálculo utilizada. En concreto, en esta entrada vamos a presentar la situación conforme al criterio de Contabilidad Nacional (SEC-2010), y por tanto presentaremos las necesidades de financiación según los datos disponibles del tercer trimestre.
En el cuadro 1 se presenta el comparativo de operaciones no financieras acumuladas de la administración andaluza hasta el tercer trimestre desde 2013 hasta 2016. Como se puede observar el principal generador de necesidades de financiación regional ha sido la falta de ingresos ya que los gastos han permanecido relativamente estables a lo largo del período analizado. Hay que tener en cuenta que los principales desajustes se producen en los meses finales del año, pero a falta de dicho cierre los datos apuntan a que el mayor rigor presupuestario y el crecimiento de ingresos va a conseguir que las cuentas regionales cierren mucho más próximas al equilibrio financiero que en años anteriores. Los ingresos totales crecieron entre 2013 y 2016 en 1.425 millones € (+8,5%) mientras que los gastos han descendido en 24 millones € (-0,1%) lo que confirman las dinámicas comentadas anteriormente.
En el cuadro anterior se presentan los ingresos no financieros acumulados del sistema autonómico hasta septiembre, y como se puede ver en Andalucía han crecido un +7,6% durante el último año, mientras que a nivel nacional lo han hecho un +6,8%. Destacar el crecimiento interanual en la Comunidad de Madrid (+10,4%), Comunidad Valenciana (+10,4%) y Cataluña (+8,3%). Si vemos el comportamiento en el periodo 2013-2016, los resultados han sido diferentes, en tanto que la región andaluza registró un crecimiento de ingresos del +8,5% mientras que a nivel nacional la subida fue del +9,6%, con crecimientos para la Comunidad de Madrid del +13,6%, Cataluña del +11,4% y la Comunidad Valenciana del +9,4%. Esto ha supuesto la pérdida de peso de Andalucía sobre el conjunto del sistema de 0,2 puntos en dicho periodo, al contrario de lo sucedido con las otras regiones que, o bien han crecido o se han mantenido. En conclusión, la principal idea a destacar de la evolución de los ingresos no financieros de las comunidades autónomas es el importante incremento que se ha registrado en el ejercicio en curso, en gran medida por la mejora económica general.
Por el lado de los gastos no financieros la dinámica ha sido diferente en tanto que como se puede ver en el cuadro 3, en Andalucía los gastos han permanecido estables durante dicho periodo, lo que ha supuesto que entre 2013 y 2016 la variación absoluta haya sido tan solo de 24 millones € (-0,1%). Este comportamiento contrasta con el registrado en el conjunto nacional que registró en dicho periodo un crecimiento de 2.927 millones € (+2,5%) provocado básicamente por la subida del gasto en la Comunidad de Madrid (+5,7%), Comunidad Valenciana (+6,4%) y País Vasco (+7,1%). Si analizamos la variación de los gastos respecto al año pasado, el gasto se redujo en el conjunto de comunidades autónomas en 1.831 millones € (-1,5%) mientras que en Andalucía la reducción ha sido de 109 millones € (-0,6%). El aspecto más destacable es sin duda el esfuerzo importante que ha tenido que hacer Cataluña en el presente ejercicio, que le ha supuesto tener que reducir en 1.614 millones € su gasto no financiero (-7,1%), aunque también hay que matizar que en el ejercicio pasado creció su gasto en ese mismo porcentaje (+7,1) cuando el conjunto nacional sólo lo hizo un +3,4%.
Como ya comentamos al principio, el objetivo de esta entrada era analizar el desequilibrio financiero de las administraciones regionales medido en términos de necesidades de financiación, y como se puede observar en el cuadro anterior la mejora respecto a ejercicios anteriores es significativa prácticamente en todas la comunidades autónomas. En concreto, la administración andaluza ha reducido sus necesidades de financiación en 1.396 millones € (-82,2%) durante el presente ejercicio respecto al mismo acumulado del año anterior, en línea con el resultado relativo obtenido a nivel estatal. En términos de PIB, la mejora ha sido importante también, registrándose un descenso de un punto de PIB desde unas necesidades de financiación del -1,2% en 2015 a unas necesidades de -0,2% en el ejercicio actual.
La consecuencia principal de los desequilibrios financieros de las administraciones públicas se manifiesta en el stock de deuda acumulada. La crisis ha tenido un importante impacto en el volumen de deuda de las distintas administraciones, tanto central como autonómica y local. Incluso la Seguridad Social que tenía almacenado un fondo de reserva de 66.815 millones € en 2011 cerró el ejercicio pasado en 32.481 millones €, y lo peor es que al ritmo actual apenas queda para el próximo año. En términos absolutos, la deuda acumulada en el segundo trimestre por las administraciones autónomas ha sido de 273.199 millones €, de los cuáles 32.551 millones € corresponde a la administración andaluza, en concreto el 11,9% del total. Es evidente que el ritmo actual de crecimiento de la deuda pública es insostenible si se pretende cumplir con las obligaciones de amortización de dicha deuda y atender los intereses que devenga. Sirva como ejemplo que en el caso de Andalucía, los intereses de la deuda necesitaban 797 millones € hasta el tercer trimestre de 2014, mientras que en el mismo periodo de 2016 el importe se ha reducido en 513 millones € hasta los 284 millones €, gracias a que el coste de la deuda ha descendido de forma significativa debido a la política monetaria puesta en marcha por el BCE. Pero dichas políticas tendrán que revertir tarde o temprano, y es entonces cuando los intereses pueden volver a crecer hasta suponer un porcentaje importante de los gastos de las distintas administraciones, con lo que eso supone para los recursos destinados a servicios públicos básicos como sanidad y educación.
En conclusión, los datos presentan una mejora considerable en los desequilibrios financieros de las comunidades autónomas. Los ingresos han mostrado una mayor volatilidad que los gastos, por lo que se confirma que el principal generador de necesidades financieras en el periodo analizado ha sido la falta de ingresos y no tanto el exceso de gasto. Parece evidente que la estructura de ingresos existente en la fase anterior a la crisis no ha servido durante ésta para mantener un nivel adecuado que garantice los servicios públicos básicos. Actualmente, la dinámica de crecimiento de los ingresos va en línea con la mejora económica, pero ya no existe apenas margen para seguir expandiendo el gasto público de las comunidades autónomas, entre otras razones porque aunque el pago de la deuda no esté en la actualidad informativa, una vez que mejore las condiciones financieras habrá que empezar a plantearse devolver las cantidades prestadas, y esto va a suponer una reducción del margen de actuación de las administraciones regionales. El reto principal es que una vez conseguido el nivel de ingresos y gastos previo a la crisis, debería comenzar un análisis objetivo del gasto público para ver su eficiencia o eficacia, y habrá que analizar si dichas partidas suponen un despilfarro, o por contra implica un desembolso necesario para aumentar el capital económico o social de la región. El riesgo está en que esto no suceda, y en vez de modificar el modelo productivo e impositivo para estimular un crecimiento estable y equilibrado en la fase expansiva del ciclo, la sociedad se olvide de los errores cometidos y de las reformas necesarias, y continúe por tanto con un modelo que ha generado grandes desajustes económicos y una deuda pública insostenible, además de graves problemas sociales.