La inquietud por las pensiones se ha trasladado últimamente a la sociedad, y es lógico teniendo en cuenta que la cuestión es lo suficientemente importante para que los ciudadanos estén preocupados. El problema que alarma a la población en general se encuentra en el hecho de que la viabilidad de las pensiones no están garantizadas en el futuro, y si no se toman medidas puede que tampoco sean sostenibles en el presente. Pero es necesario señalar que los problemas que enfrenta el sistema de pensiones actual no son los mismos que enfrentará dentro de treinta años cuando la generación que hoy trabaja pase a estar jubilada, y es por ello que las decisiones a tomar deben ser diferentes. La disputa política ha llevado a mezclar ambos situaciones históricas y ha presentado medidas que tienen sentido en la actualidad pero que no van a servir de nada en el futuro. El enigma demográfico es el principal factor que diferencia ambos contextos históricos. La duda sobre si las proyecciones de población española y mundial se van cumplir en las próximas décadas, introduce una elemento importante de incertidumbre que desmonta gran parte de los remedios que en la actualidad son viables. Por tanto, vamos a separar por un lado el debate sobre la problemática actual y sus posibles soluciones, y por otro lado el escenario futuro que necesita de estrategias a largo plazo diferentes, que disminuyan los efectos del envejecimiento en la sociedad.
Problemática actual del sistema de pensiones
En el cuadro 1 se presenta las principales soluciones que se plantean en los medios de comunicación o que se les escucha a distintos grupos de opinión. Por otro lado se muestra en el gráfico la evolución de los recursos y empleos no financieros de la Seguridad Social. A partir de 2011 cambia la situación de superávit producida durante la burbuja financiera e inmobiliaria, y comienza a presentar un déficit que ha terminado agotando el Fondo de Reserva generado durante la fase anterior. Esa brecha entre ingresos y gastos ha continuado creciendo desde entonces, situándose en 2017 en 17.209 millones € (-1,5% s/PIB). Como ya se ha comentado, esta dinámica ha hecho que se agote el Fondo de Reserva e incluso que haya que acudir al endeudamiento para poder equilibrar el déficit generado. En dicho cuadro se presentan también aquellas medidas que más aparecen en los medios de comunicación y en el debate social, y que básicamente se traducen en una mejora de los ingresos, una reducción de los gastos o simplemente buscar alternativas para financiarlo. Como es lógico todas ellas presentas ventajas pero también notables inconvenientes.
La posibilidad de poner en funcionamiento las medidas comentadas transciende del análisis económico y técnico, y por tanto la habilidad de los gestores públicos para implantarlas dependen más en este momento del clima social y político, que del interés real de asegurar la capacidad financiera del sistema para que sea viable a largo plazo. En el cuadro 2 se vuelve a exponer las principales medidas que se barajan por los diferentes agentes sociales y grupos de interés, pero en esta ocasión se refleja el menor o mayor rechazo observado hacia dichas medidas. No hay que olvidar que los pensionistas representan hoy una fuerza electoral muy importante a los que hay que responder a sus demandas. Sirva como dato que en abril el número de pensionistas ha sobrepasado los 8,7 millones, lo que representa casi el 25% del electorado del país. Por tanto es esencial en estos momentos recordar dos de las recomendaciones recogidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, y que están relacionadas con (I) la separación y clarificación de las fuentes de financiación y (II) la modernización e información al ciudadano. Es de vital importancia hacer una labor intensa de información para que la pensionistas actuales y sobre todo los futuros sepan las restricciones que conllevan tomar medidas, pero también no tomarlas.
En conclusión, el problema financiero actual de las pensiones se resuelve en el corto plazo a través de tres mecanismos: o se reducen los gastos del sistema, o se incrementan los ingresos, o en última instancia se financia el déficit a través de los PGE o directamente con deuda. Lo primero es inviable en tanto que la sociedad española no aceptaría una reducción de las pensiones a los jubilados. Una vez superada la fase más dramática de la crisis es imposible plantear medidas de este tipo en un entorno pre-electoral como el que se está viviendo. Lo segundo implica aumentar la recaudación incrementando las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores. Para ello entre otras opciones hay que subir los salarios, aumentar las cotizaciones a las empresas o eliminar las bonificaciones empresariales a la contratación, lógicamente teniendo en cuenta las externalidades que estas medidas suponen para otros agentes económicos. En el último caso, los PGE tendrían que hacerse cargo de la parte no contributiva de las pensiones y aportar recursos adicionales al sistema cuando exista déficit, acudiendo a la deuda pública o creando nuevos impuestos, que es la opción que parece que ahora mismo plantea menos rechazo social.
Respecto a las externalidades que puede generar cualquier pequeña decisión que se tome en materia de pensiones, sirva como ejemplo el coste económico y de credibilidad del acuerdo alcanzado en el último instante para salvar los PGE de 2018, y que plantea una subida de pensiones ligada al IPC para 2018 y 2019 junto con el retraso en la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad hasta 2023. En el artículo Más gasto en pensiones (El País) se calcula que el coste total adicional que tienen las medidas comentadas respecto a un escenario base de subidas del 0,25%, suponen una cantidad de 39.000 millones € medido en términos de valor actual actuarial. Es significativo observar la falta de una memoria económica de algún organismo público neutro que valore las medidas que se proponen, sobre todo para poder analizar correctamente el escaso rigor contable o financiero con que se defienden desde algunos ámbitos diversas medidas que aunque justas y legítimas, parecen no tener en cuenta las restricciones financieras que existen, y que en muchas ocasiones no se quieren o no se pueden ver.
Problemática futura del sistema de pensiones
Como ya se ha comentado la diferencia principal que existe entre la situación actual y la que encontraremos dentro de 30 o 40 años es básicamente demográfica. El envejecimiento de la población en el futuro es un hecho prácticamente irrefutable, y aunque las proyecciones seguramente comentan errores, hay que tener en cuenta que son proyecciones y no profecías, y por tanto hay que aceptar un margen de error que puede ser mayor o menor pero que no invalida la dinámica que se producirá en los próximos años. Hay tres aspectos importantes que son esenciales para entender el problema que van a tener los futuros pensionistas: (I) que no existe una solución ideológica que garantice la viabilidad del sistema de pensiones tal como lo conocemos hoy en día, (II) que el envejecimiento de la población es un eventualidad que se va a producir en mayor o menor intensidad, y (III) que el ahorro público o privado es la única manera de evitar una situación complicada para poder mantener unos ingresos dignos a los futuros jubilados.
Los dos primeros aspectos son irremediables por lo que solo se puede intentar mitigar sus efectos tratando de que el populismo no se instale en el debate social, y que la natalidad o la inmigración atempere el ciclo demográfico. Respecto al ahorro existe algo de margen para intentar evitar que la pobreza se intensifique en la clase pensionista en la segunda mitad de siglo. En la actualidad hablar de ahorro tiene una connotación negativa relacionada con una visión política concreta (capitalismo, neoliberalismo, entidades financieras, etc), que ha calado en la sociedad y que no les permite ver otras fórmulas de ahorro que no tienen que pasar necesariamente por un sistema de capitalización gestionado por entidades financieras privadas. Aunque tampoco hay que desechar este sistema complementario en la medida en que aquel que quiera y pueda permitírselo amplie su fronteras de gasto en el futuro.
Hoy en día sabemos que una de las razones por lo que la crisis económica ha tenido un impacto relativamente menor en el grupo de pensionistas es por el gran porcentaje de personas jubiladas que tenían una vivienda en propiedad. Por tanto podemos prever que en el futuro una de las principales causas de pobreza puede venir de la falta de una vivienda en propiedad o de la carencia de una solución habitacional que no implique detraer una parte significativa de la renta disponible por parte de un grupo tan vulnerable. Hay dos cuestiones que son esenciales: (I) por un lado existe una gran incertidumbre sobre el importe de las pensiones que se van a cobrar en el futuro, (II) y por otro lado los obstáculos económicos y no económicos que existen en la actualidad para ahorrar a largo plazo. Es importante insistir en que dicho ahorro no tiene porqué materializarse solamente a través de productos de capitalización en entidades financieras. El ahorro a través de la vivienda hay que plantearlo al margen de disputas políticas e ideológicas, para evitar que se convierta en un simple medio de acumulación de riqueza, o en un activo cuya fluctuación en el precio expulse a las familias de la propiedad en las burbujas, o simplemente que las arruine cuando los precios se derrumban a causa de las recesiones económicas.
En el gráfico 1 se puede ver las proyecciones que recoge el Fondo Monetario Internacional sobre la población que habrá en los próximos treinta años en las economías avanzadas. Se puede ver que vamos hacia un crecimiento vegetativo nulo, y a un vuelco excepcional de la pirámide de población que incluso hará que la población mayor de 65 años pueda superar holgadamente la mitad de la población teórica en edad de trabajar -entre 20 y 64 años-. Este fenómeno plantea incógnitas esenciales sobre el devenir futuro del pacto intergeneracional tácito existente en la actualidad. No hay que olvidar que al problema de las pensiones habrá que añadir un más que probable incremento de los costes sanitarios y de dependencia que puede generar una población tan envejecida -cronificación de las enfermedades, instalaciones para la tercera edad, dependencia, etc-. Por tanto, este dilema es la base para entender que no existe una solución ideológica por mucho que se pretenda plantearlo así desde gran parte del espectro político. La solución vendrá de un mestizaje de ideas, estrategias y políticas que en muchos casos requerirá de grandes consensos y de amplios periodos de tiempo para poder ver sus efectos. Probablemente el peor error es demorar la toma de decisiones en esta materia, o peor aun plantearlo desde la buenas intenciones o la ignorancia.
En el gráfico 2 se muestra las proyecciones de población para las economías emergentes y en desarrollo. Como se puede ver, en 2050 estos países se encontrarán con el mismo dilema que nos encontramos nosotros hoy en día, y por tanto contarán con la experiencia de aciertos y errores que comentan las economías avanzadas. Es evidente que si esos países se encuentran con un proceso de envejecimiento como el que comenzamos a padecer, se produzca un fenómeno competitivo para retener la población joven, que se sumará a la de otros recursos esenciales como la energía, el agua potable o los recursos financieros para financiar la deuda. Esto implica que la problemática futura de las pensiones es un tema que se debe plantear como un evento a nivel mundial, aunque del debate existente ahora mismo en nuestro país parece como si el fenómeno descrito fuese un hecho singular que se presenta exclusivamente aquí.
Por último, en el gráfico anterior se muestra lo que se ha representado anteriormente, pero para el caso español. El fenómeno del envejecimiento será intenso en nuestro país en las próximas décadas. La cantidad de personas mayores de 65 años va crecer entre 2016 y 2050 un +79,4% (6,91 millones de personas) mientras que la población en edad de trabajar entre 20 y 64 años se va a reducir un -24,5% (6,99 millones de personas), según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Por otro lado, el número de habitantes menores de 20 años se va a reducir el -22,7% (2,1 millones) lo que presenta un escenario bastante diferente al actual en cuanto a la capacidad de los recursos humanos y financieros en el futuro para poder cubrir los servicios y pensiones de una población tan envejecida. La solución para un escenario como el descrito viene básicamente de medidas que no son económicas: (I) La inmigración, (II) el supuesto sesgo excesivamente pesimista de las proyecciones de población por parte del Instituto Nacional de Estadística, (III) el esperado incremento importante de la productividad en la economía, (IV) la prolongación del periodo laboral para acceder a la jubilación debido al atraso de los efectos de la vejez en las personas, y (V) el estímulo de la natalidad. Todo lo anterior junto con el ahorro a largo plazo pueden atemperar el futuro demográfico del país.
Para concluir hay un aspecto que no se debe olvidar, y es que el sistema actual es de reparto y no de capitalización, y por tanto los derechos acumulados para la jubilación se pagarán con los recursos disponibles en el futuro y generados por las personas que ese momento estén trabajando. Nadie tiene una pensión futura garantizada hoy en día, ya que eso dependerá de la solidaridad de las generaciones que en su momento le toque aportar al sistema. Por tanto, estamos tomando decisiones que tendrán que aceptar incluso personas que todavía no han nacido, y por tanto que nadie les ha preguntado. Cabe desconfiar entonces sobre si un sistema público de reparto tal como lo conocemos hoy en día será viable a partir de la segunda mitad del siglo XXI. Existen dudas razonables sobre la sostenibilidad, y por tanto urge buscar soluciones lo antes posible. Pero entonces, si el sistema actual probablemente no es sostenible ¿debemos ir a un sistema de capitalización privado?. Esa alternativa tampoco en una solución completa en la medida en que presenta problemas y una desconfianza de mayor calado que el sistema que pretendemos sustituir. Por tanto, el desenlace de todo esto está por venir y posiblemente las medidas que haya que tomar habrá que hacerlas cuando la situación empeore de manera que la sociedad tenga que aceptarlas a riesgo de provocar un conflicto social. No se trata de generar angustia ni preocupación en la sociedad, pero el debate actualmente es bastante miope y cortoplacista, y por tanto no es conveniente mezclar las necesidades o reivindicaciones de los pensionistas actuales, con la viabilidad y sostenibilidad de las pensiones durante la segunda mitad del presente siglo. Las pensiones actuales están garantizadas desde un punto de vista sociológico en la medida en que el peso electoral de los jubilados va a crecer enormemente en los próximos años. Lo que no está tan claro es que en el futuro esas pensiones estén garantizadas en la medida en que tendrán un potente apoyo electoral y social, pero requerirá de capacidad financiera para responder a esas necesidades.
Para concluir hay un aspecto que no se debe olvidar, y es que el sistema actual es de reparto y no de capitalización, y por tanto los derechos acumulados para la jubilación se pagarán con los recursos disponibles en el futuro y generados por las personas que ese momento estén trabajando. Nadie tiene una pensión futura garantizada hoy en día, ya que eso dependerá de la solidaridad de las generaciones que en su momento le toque aportar al sistema. Por tanto, estamos tomando decisiones que tendrán que aceptar incluso personas que todavía no han nacido, y por tanto que nadie les ha preguntado. Cabe desconfiar entonces sobre si un sistema público de reparto tal como lo conocemos hoy en día será viable a partir de la segunda mitad del siglo XXI. Existen dudas razonables sobre la sostenibilidad, y por tanto urge buscar soluciones lo antes posible. Pero entonces, si el sistema actual probablemente no es sostenible ¿debemos ir a un sistema de capitalización privado?. Esa alternativa tampoco en una solución completa en la medida en que presenta problemas y una desconfianza de mayor calado que el sistema que pretendemos sustituir. Por tanto, el desenlace de todo esto está por venir y posiblemente las medidas que haya que tomar habrá que hacerlas cuando la situación empeore de manera que la sociedad tenga que aceptarlas a riesgo de provocar un conflicto social. No se trata de generar angustia ni preocupación en la sociedad, pero el debate actualmente es bastante miope y cortoplacista, y por tanto no es conveniente mezclar las necesidades o reivindicaciones de los pensionistas actuales, con la viabilidad y sostenibilidad de las pensiones durante la segunda mitad del presente siglo. Las pensiones actuales están garantizadas desde un punto de vista sociológico en la medida en que el peso electoral de los jubilados va a crecer enormemente en los próximos años. Lo que no está tan claro es que en el futuro esas pensiones estén garantizadas en la medida en que tendrán un potente apoyo electoral y social, pero requerirá de capacidad financiera para responder a esas necesidades.