Presupuestos Generales del Estado para 2014 (II)

Los Presupuestos Generales del Estado es la principal herramienta de política económica de un país. El instrumento en cuestión reconoce por un lado las partidas de ingresos y por otro las de gasto, y  finalmente deben ser iguales. En general, los principales ingresos consolidados del estado se nutren de impuestos directos, cotizaciones sociales e impuestos indirectos. Por el lado de los gastos, estos se clasifican de distintas maneras -por programas, categorías económicas, unidades orgánicas y clasificación regional-, y al igual que los ingresos, tienen determinadas partidas que por su importe condicionan en gran medida la cuantía global del presupuesto, y la disponibilidad para otras políticas o programas. Y es que la cifra destinada a lo que se denomina Gasto Social viene a suponer más de la mitad del total consolidado disponible. Las principales partidas que agrupa este epígrafe son pensiones, desempleo, educación y sanidad, que representan el andamiaje del estado del bienestar construido en las últimas décadas. Si tenemos en cuenta que la educación y la sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, y que a su vez suponen un alto porcentaje de sus respectivos presupuestos autonómicos, la cifra disponible después de cubrir los servicios públicos básicos y la estructura administrativa del estado es relativamente reducida, teniendo en cuenta que el servicio de la deuda, tanto en intereses como en amortizaciones, supone actualmente un importe muy significativo de los ingresos disponibles. En conclusión, los presupuestos generales del estado no se construyen desde cero, sino que al valor de cada programa suele aplicarse una variación negativa o positiva respecto al año anterior, por lo que no se construyen de nuevo realizando un análisis del coste/beneficio de cada una de las partidas. Si tenemos en cuenta que un gran porcentaje del volumen total de gasto ya está comprometido en políticas o áreas -políticas sociales, servicios públicos básicos, mantenimiento de la estructura del estado y la deuda- donde es muy difícil realizar recortes, y máxime cuando se tratan de políticas anticíclicas, las posibilidades para apuntalar la recuperación vía consumo público se reducen bastante. Por tanto, es incoherente enfocar el problema actual en la falta de esfuerzo en gasto que realizan las administraciones públicas, y probablemente la estructura de ingresos y el reparto de impuestos sea el gran asunto pendiente en los próximos años para equilibrar un presupuesto que se ha apoyado en gran medida en la deuda como fórmula para luchar contra la crisis, ante la falta de un estructura fiscal que aporte recursos suficientes.

Un ejemplo controvertido de gasto social que consume gran parte del presupuesto del estado y que actualmente está en el debate público es el tema de las pensiones. En 2014 la cifra destinada a pensiones será de 127.484 millones de euros, lo que representa un 30,1% del presupuesto consolidado.  En el gráfico adjunto podemos comprobar el esfuerzo que el país ha realizado en pensiones desde 1996. Desde los poco más de 47.000 millones de euros destinados en ese año a cubrir las obligaciones en jubilación, el año que viene la cifra será sustancialmente mayor, debido en gran medida a cuestiones demográficas, y al esfuerzo realizado en el ámbito de las no contributivas y a la revalorización de las ya existentes. Por tanto, el crecimiento medio superior al 5% registrado en dicho periodo se pronostica imposible de mantener para los próximos veinticinco años si no se toman medidas tanto por la vía de los ingresos como por la de los gastos. El cálculo estimado del volumen a destinar para la jubilación de las generaciones próximas depende en gran medida de estimaciones y proyecciones que, al no ser comprobables a priori, supone un alto grado de incertidumbre. Las creencias acumuladas sobre la cuestión hace que el análisis -véase el informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones- termine siendo utilizado como arma para desacreditar políticamente al contrario, o como escusa para realizar reformas que probablemente van más allá de lo necesario para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Y es que una leve variación de uno de los parámetros o variables estimadas en el modelo puede dar resultados muy distintos, y por tanto, las reformas a realizar no necesitan de ir tan rápidas ni tampoco que sean tan profundas.