La corrupción es un fenómeno que no es ni exclusivo de países pobres o subdesarrollados, ni ajeno a ningún estado aunque pertenezca a los prósperos y avanzados . Es verdad que el fenómeno tiene bastante conexión en mayor o menor medida con el nivel de retraso o progreso de una economía, y por tanto es un elemento de gran utilidad para analizar el comportamiento de las élites, y la distribución eficaz de la renta entre los ciudadanos que componen un territorio. En el gráfico adjunto podemos ver como desde una perspectiva económica hay una correlación claramente positiva entre la percepción de corrupción que tienen los ciudadanos de un país y la facilidad con la que se pueden hacer negocios en 177 países. En realidad, la corrupción es un gran obstáculo para el desarrollo social, y por tanto, averiguar los factores que generan corruptelas es un ejercicio básico de política económica. Nuestro país se encuentra en el puesto número cuarenta del ranking sobre percepción de corrupción en 2013 por detrás de Portugal y Polonia en al ámbito europeo, aunque por delante de Italia y Rumanía. En cuanto al puesto sobre facilidad para hacer negocios que elabora el Banco Mundial en su informe Doing Businness en 2014, España se encuentra en el cincuenta y dos de un total de 170 países aproximadamente.
Teniendo en cuenta el enorme peso que el gasto público tiene en la economía de un país desarrollado como el nuestro, es de suma importancia que las posibilidades de soborno, cohecho o cualquier fórmula deshonesta para pervertir el sistema deben estar muy vigiladas y perseguidas. Si a comienzos del siglo XX el gasto público de las principales economías del planeta representaba el 13% del PIB, en 1990 ese porcentaje se incrementó hasta el 43%, con países que incluso superan la mitad del PIB, por lo que una mayor intervención económica del estado, aunque no debe ser la causa de mayor corrupción, si incrementa exponencialmente las posibilidades de realizar negocios ilícitos relacionados con aquella. Hay que distinguir entre actos de corrupción y el actos de dispendio, despilfarro o falta de control que los gestores políticos hacen de los recursos públicos disponibles, ya que lo primero es reprochable jurídicamente y lo segundo no, por suerte para los malos gestores. Probablemente en nuestro país el impacto sobre el gasto desmesurado que hemos tenido que digerir y que tendremos que devolver en los próximos años, esté mas relacionado con lo segundo que con lo primero, aunque es evidente que la burbuja financiera e inmobiliaria cuyas consecuencias estamos padeciendo tiene mucho que ver con la corrupción en el ámbito municipal, al margen del enorme peso de culpabilidad que las políticas económicas que se hicieron y las que se deberían haber hecho hayan tenido en la situación actual. Ahora bien, si vamos el gráfico anterior podemos ver la percepción de corrupción en el ámbito de los partidos políticos y en el del sector empresarial de 106 países, y en el podemos observar como España tiene una mayor percepción de corrupción en el ámbito político que en el de las empresas que en teoría deberían ser las que estimulan dichos actos ilícitos, ya que para que alguien sea corrupto tiene que haber otra persona u organización que esté dispuesto a beneficiar al gestor o funcionario público en cuestión.
En conclusión, se puede afirmar que al contrario que piensan muchos ciudadanos, una mayor facilidad para crear y facilitar la labor de los empresarios no es sinónimo de mayor discrecionalidad de los funcionarios o gestores públicos de una administración, o de mayor corrupción, sino que es al contrario. Por tanto, cuanto mayor dificultad o impedimento tengan los productores para crear y gestionar sus negocios, mayor será el incentivo de estos para agilizar los procedimientos burocráticos -o de otros tipos- mediante el uso de figuras delictivas relacionadas con la corrupción. También podemos comprobar que los países cuyos presupuestos públicos tienen un gran peso en su economía, y que además tienen un estado de bienestar desarrollado y eficiente, tienen buena puntuación tanto en la percepción de sus ciudadanos sobre la corrupción, como en el de facilidad de los agentes para desarrollar actividades empresariales. Nuestro país no es un ejemplo de lo anterior si comparamos el puesto que ocupamos en los ranking con el lugar que tenemos en función del PIB. El crecimiento económico tan necesario actualmente no depende sólo de que se estimule, sino que hay que facilitarlo, y esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer pero se ha hecho, y los tribunales rebosan de actividad a causa de este motivo. Hay mucho que hacer en esta materia, y es la sociedad la que debe escoger los niveles de control, las responsabilidades de aquellos que gestionan dudosamente los recursos públicos, y las prioridades donde se debe trabajar para reducir de forma considerable la percepción que los ciudadanos tienen.
Enlaces de interés:
* Transparency International España
* Doing Business del Banco Mundial
* Removing Impediments to Sustainable Economic Development. The Case of Corruption.
* Doing Business del Banco Mundial
* Removing Impediments to Sustainable Economic Development. The Case of Corruption.
Policy Research Working Paper. The World Bank.