30 de abril de 2014

Financiación de la Comunidades Autónomas. 4ª trimestre

En el preámbulo de la ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se dice que dicha ley "incorpora la sostenibilidad financiera  como  principio  rector  de  la actuación económico  financiera  de  todas  las Administraciones Públicas españolas. Con ello se pretende reforzar la idea de estabilidad, no solo en un momento coyuntural, sino con carácter permanente, lo que contribuirá a preparar el camino para los retos a los que nuestro sistema de bienestar se enfrenta a medio y largo plazo. 
A diferencia de la normativa anterior, la Ley regula en un texto único la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social. Esto mejora la coherencia en la regulación jurídica, supone una mayor claridad de la  Ley  y  transmite  una  idea  de  igualdad  en  las  exigencias presupuestarias, de responsabilidad y lealtad institucional entre todas las Administraciones Públicas."

Como se puede comprobar en el texto legal, el compromiso de las distintas administraciones que componen el estado, y por tanto también las comunidades autónomas, obliga a coordinarse para conseguir unos objetivos financieros que coincidan con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del país. Es cierto que para algunos grupos de interés el hecho de imponer unos límites al déficit público autonómico y a su deuda es un gran contratiempo, e incluso un agravio, pero como se puede ver en el gráfico de arriba el endeudamiento autonómico se ha multiplicado casi por cuatro en cuestión de seis años. Es lógico pensar que ese ritmo es insostenible, sobre todo por un problema de recaudación insuficiente y unos ingresos bastante inferior a los gastos que se quieren realizar. 

Si hacemos el mismo ejercicio comparativo del gráfico primero pero utilizando el ratio de deuda autonómica sobre PIB, podemos ver el comportamiento que ha tenido la comunidad andaluza frente a dos importantes regiones como Valencia y Cataluña donde la carga financiera ha crecido rápidamente a lo largo de la crisis. En 2008 el ratio deuda autonómica/PIB era del 6,0% a nivel nacional, mientras que cinco años después el cierre del ejercicio ha sido del 20,2%, lo que supone un crecimiento de 15.847 millones de euros en términos absolutos. En Andalucía el deterioro ha sido menos intenso en cuanto que el ratio en cuestión en 2008 era del 4,7% del PIB regional, mientras que en 2013 ha cerrado en el 17,3%, lo que pone de manifiesto el mejor comportamiento relativo financiero respecto a la media nacional.


Podemos ver en el cuadro anterior como los dos instrumentos puestos en marcha por el estado para facilitar la financiación autonómica y local ha tenido un peso importante en la inyección de liquidez a las administraciones regionales y locales. La creación de dos fondos  de financiación extraordinarios como el Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores (FFPP) y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha reducido bastante el nivel de impagos encubiertos con el sector privado que mantenían dichas administraciones, por lo que se puede considerar una medida acertada, que como todas siempre tiene detractores y recibe críticas justificadas, pero también interesadas. Probablemente, sin estos mecanismos de liquidez, y con unos mercados financieros cerrados para el endeudamiento autonómico, era bastante probable que se hubiera producido un default con graves consecuencias para la economía general. El poner un tope al endeudamiento público del conjunto de las administraciones del estado tiene un gran sentido en tanto que un crecimiento crónico de la deuda pública, al margen de su insostenibilidad, no la financia nadie dentro ni fuera del euro,  y además termina casi seguro en un impago general del país. 

En conclusión, el tema de la financiación autonómica y local, y su impacto sobre los déficit y la deuda regional y nacional es una cuestión altamente sensible por sus implicaciones políticas, e incluso por la considerable carga ideológica que para muchos tiene. En endeudamiento en sí no es malo, siempre que tenga como objetivo reducir los efectos negativos del ciclo sobre la producción y el empleo. Pero es obvio que utilizarlo de forma permanente para mantener unos niveles de prestaciones y servicios públicos, para los cuáles no existen ingresos suficientes por parte del sistema es insolidario para las próximas generaciones, además de ser insostenible en cuanto que nadie va a querer financiar una deuda que va a cobrar mal o que incluso no lo va a hacer. Lo lógico sería sacar del debate demagógico la cuestión de la deuda pública, y realizar un análisis objetivo de la cantidad, variedad y calidad de las prestaciones y servicios que la sociedad quiere que les presten las distintas administraciones del estado; y sobre el conjunto de gastos que conlleva dicho nivel de servicios sociales debe plantearse un sistema de financiación adecuado que lo sostenga. El problema de dicho análisis es que probablemente quedarían muchos gastos fuera de la cobertura pública en tanto que suponen un dispendio y un derroche innecesario que no van a cubrir derechos sociales sino a mantener privilegios. Y no hay que olvidar lo principal, y es que la objetividad del análisis en cuestión quedaría contaminado por la fuerte presión de aquellos grupos de interés que no están dispuestos a participar en la financiación adicional de un nivel de ingresos que haga sostenible el sistema acordado, por lo que volverá a recaer el grueso de la fiscalidad añadida sobre los mismos que vienen sosteniéndolo hasta ahora.