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Los datos de precios de marzo han servido para alimentar la preocupación sobre la bajada de precios en la economía nacional y andaluza. El debate está marcado de un lado por aquellos que como el FMI alertan sobre la posibilidad de que Europa, y en concreto los países periféricos que están recibiendo el fuerte castigo de la recesión, entren en una espiral de bajada de precios o deflación, o que acompañado de un estancamiento en la actividad degeneren en una estanflación; y por otro lado están aquellos que esperan una inflación baja pero positiva para los próximos meses como el servicio de estudios de BBVA Research o el propio gobierno. En lo que coincide todo el mundo es en que la solución pasa por el Banco Central Europeo, y la puesta en marcha de estímulos monetarios para evitar los peores efectos de una persistente bajada de precios de bienes de consumo.
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De todas formas, la economía española ha conocido otro episodio reciente de descenso de precios durante 2009, y que no generó tanto revuelo como el que estamos asistiendo, quizás porque las circunstancias y en entorno mundial eran distintos en aquel momento. Lo cierto es que una bajada generalizada de precios ordenada y puntual tiene tanto efectos positivos como negativos. Entre los primeros, una mejora de la competitividad exterior de la economía, y una capacidad adquisitiva mayor para aquellos que tengan rentas aseguradas o que sean ahorradores netos. Los negativos son básicamente para aquellos cuyas rentas se ven influidas por la destrucción de la actividad por la vía del desempleo debido a la reducción de costes salariales por parte de las empresas, y también de aquellos que poseen deudas las cuáles no recogen en su montante la temida deflación comentada. En conclusión, los organismos internacionales están intentando avisar de los riesgos que existen en este tema, y probablemente no manejan un escenario de deflación duradera, pero para alejar el fantasma de deflación se necesita convencer al BCE de que tiene que actuar. Otra fórmula para luchar contra ella es la política fiscal, o lo que es lo mismo poner en marcha estímulos vía reducción de impuestos o incremento del gasto público, pero esa herramienta está actualmente fuera de las alternativas posibles de los países que como España, tienen disparada la deuda pública y además necesita equilibrar los presupuestos para reducir los déficit.