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El desempleo es el gran problema que tiene la sociedad española por delante para mantener y en la medida de lo posible mejorar el estado de bienestar, y que actualmente está en el debate político debido a la coyuntura electoral. La mayoría de las propuestas se mantienen en el limbo de las intenciones, en un intento de no hipotecar las estrategias post-electorales ante un escenario marcado por los pactos. Además, las posiciones maximalistas en las que se concentraron los esfuerzos del marketing electoral para conquistar electores, tendrán que ser ampliamente matizados y reconstruidos para adaptarlos a la realidad de la gestión pública posible.
La creación de empleo está en marcha gracias a la mejora del consumo privado y de la inversión, pero el gran cambio de modelo productivo está por venir, y la internacionalización de las empresas es un pilar fundamental para ese cometido. En la línea de aportar estrategias de actuación para el futuro próximo, y con el fin de conseguir recomponer el destrozo de la crisis y llegar a un crecimiento económico sano y estable, se presentan algunas propuestas que tienen un gran valor en tanto que pueden ser estrategias concretas, pero sobre todo que han sido contrastadas y aplicadas en otros países de referencia desde el punto de vista económico y social.
El informe ESPAÑA 2018 realizado por el Consejo Empresarial para la Competitividad presentó en noviembre una serie de cuestiones que a su entender son las que necesitan España para construir un país moderno y con futuro. El objetivo que proponen es intentar reducir en 10 puntos la tasa de paro hasta situarla por debajo del 15% en 2018. Con la propuesta que presentan es difícil de estar en desacuerdo, aunque como es lógico, además de un deseo compartido de reducción del paro también transmiten una forma de hacerlo que probablemente no incorporen la sensibilidad social que requiere este tema.
Vamos con la propuesta:
- Mejorar el marco institucional para aumentar el tamaño empresarial y con ello el empleo vía productividad. En el periodo transcurrido desde el comienzo de la crisis, nuestro país ha perdido 13 puestos en el ranking Doing Business del Banco Mundial, pasando del puesto 39 al 52 en 2014. Escalar en dicho ranking hasta situarse entre el puesto 10 y 20 es un objetivo mensurable, que según el informe se puede conseguir si aumentamos el tamaño empresarial, algo que lleva aparejado una mejor posición para la internacionalización y la mejora de la competitividad. Las economías de referencia como Alemania o Reino Unido, tienen un porcentaje de empresas con más de 50 empleados del 3% y del 1,9% respectivamente, frente al 0,8% que tenemos en España. Según este estudio, incrementar hasta el 1,5% el número de este tipo de empresas -promedio de Alemania, Francia e Italia- tendría un efecto directo de creación de empleo de 400.000 empleos.
- Apostar por la internacionalización de las empresas españolas y su incorporación a las cadenas globales de valor. Seguir con el ritmo de mejora de las exportaciones es esencial para recuperar la actividad económica, y conseguir que el proceso de desendeudamiento exterior sea lo menos traumático posible. Hay que matizar que esta vocación hacia la expansión exportadora no solo hay que consolidarla a base de una mejora de costes -sobre todo por la vía del descenso de laborales-, puesto que estaríamos consiguiendo crecimiento económico pero a costa de dejar al margen otros objetivos sociales muy perjudicado por la crisis. Aumentar en 35.000 empresas que vendan regularmente en el exterior, tendría como consecuencia la creación de 700.000 puesto de trabajo.
- Mejorar el nivel educativo de la población, lo cual reduciría la brecha de bienestar con los principales países desarrollados. La educación y la formación es España es algo que no ha estado dentro de las prioridades del país visto el poco consenso que existe entre los responsables políticos a la hora de construir un modelo que funcione en el medio y largo plazo. Cada vez que se produce un cambio político, se termina modificando el modelo por lo que los resultados están ahí para contrastar los perjuicios que genera dicha dinámica. La mejora del capital humano es la causa de que exista mayores niveles de bienestar, y por tanto parece razonable que se convierta en algo primordial y estratégico para reducir la brecha que existe entre España y otros países similares de referencia.
- Acelerar la economía del conocimiento. Las empresas innovadoras que invierten en I+D+i tienen en promedio una mejora de la productividad del 16% y exportan un 18% más que las normales. La inversión en intangibles es el gran reto, de manera que se consiga incrementar este tipo de activos en los balances empresariales, tal como ya sucede en las economías donde este proceso supone un gran porcentaje de los activos totales.
- Una política energética sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental. De sobra es sabido el impacto de los costes energéticos en la competitividad de una economía, y el quebranto que supone la factura eléctrica en los consumidores que tienen que sufrir unos precios relativamente superiores al resto de países europeos. Según el informe, la generación y distribución de la electricidad es competitiva, pero son los costes ajenos a estos servicios los que encarecen verdaderamente el precio de la energía. Probablemente, pero es bastante cuestionable que el sistema actual esté perjudicando a las empresas del sector, en tanto que como monopolio de facto que son, tienen bastante posibilidades para repercutir ineficiencias en el precio de venta de la electricidad. Falta transparencia en algunos asuntos como la retribución regulada excesiva que se les proporciona en determinadas tecnologías que ya están amortizadas, o las subvenciones a la la generación de energías renovables. En este último aspecto, no se tiene en cuenta el ahorro medioambiental que si tienen las otras energías contaminantes, ni el hecho de que los principales receptores de dichos ingresos sean las propias empresas del sector.
- Conservar la cantidad y calidad de las infraestructuras existentes. España ocupa el sexto lugar en el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial en cuanto a la calidad de infraestructuras que tiene. Conservar y mejorar las infraestructuras logísticas y de transporte es pues necesario para conseguir mejorar la competitividad, y en consecuencia la capacidad exportadora de las empresas.
- Financiación fluida. Aquí la cuestión es más operativa que estratégica. Sin financiación es difícil conseguir que se invierta y se mejore la capacidad de innovación y de producción de las empresas. El endeudamiento alcanzó unos niveles excesivos durante la fase previa a la crisis, y aún hoy la brecha entre ahorro y endeudamiento está en un nivel elevado. Las condiciones financieras de la economía irán mejorando conforme las medidas monetarias, reguladoras y expansivas del crédito comiencen a surtir efecto. El aumento de la solvencia de los prestatarios y de los beneficios empresariales, tendrán un efecto positivo en el incremento de la deuda orientada a la mejora de la competitividad internacional.
- La lucha contra el fraude laboral. Según dicho estudio la lucha contra la economía sumergida podría generar más de 800.000 empleos y reducir la tasa de paro en 3,6 puntos. Para hacernos una idea nos explican que dicha economía representa en España el 23%, lo que equivale a 4.000.000 de empleos. Este mismo dato en economías de nuestro entorno como Alemania y Francia supone el 15%. Levantar esta cantidad de empleos ocultos, a parte de destapar un fraude en empleos ya existentes, supone un incremento de las cotizaciones sociales, y un aumento de impuestos que hoy en día no se recaudan. Además de esto, estiman que se produciría un ahorro fiscal de 10.000 millones de euros, o sea, el 1% del PIB. Hay que destacar de este propuesta que solo carga en el fraude laboral la posible mejora, sin citar expresamente medidas para mejorar la recaudación fiscal corporativa, dejando también sin citar el impacto impositivo de aquellas empresas, que por su dimensión consiguen estructuras fiscales proporcionalmente mucho mejores que el resto de empresas medianas y pequeñas. Esto es de esperar teniendo en cuenta quiénes son los promotores de este informe.
- El ajuste fiscal creíble y sin riesgos en la ejecución para conseguir la sostenibilidad de la deuda pública. La situación actual de los ingresos y gastos del sector público son intensamente explicados en todos los foros, programas televisivos e informaciones periodísticas, por lo que es un asunto espinoso en cuanto a que no es un asunto estrictamente económico sino que transciende al ámbito político, ideológico y de defensa de derechos, intereses y privilegios. España tiene una deuda pública que imposibilita demorar más las decisiones para mejorar la estructura de ingresos públicos si quiere mantener un ritmo de gasto estructural acorde con los servicios sociales que queremos tener. Obviamente el gasto discrecional o político ha tenido un gran impacto en el déficit histórico recogido en el nivel de deuda actual, y por tanto hay que empezar a fijar qué servicios o gastos son realmente útiles para los ciudadanos, y cuáles son meras cargas que suponen un esfuerzo fiscal que no contribuye al bien general de la sociedad. Estas cuestiones deben aclararse en el seno de la ciudadanía, teniendo en cuenta que el excesivo endeudamiento lastra el bienestar presente y sobre todo el futuro. Incrementar a toda costa el gasto presente a costa de endeudar a las generaciones venideras que no han podido opinar sobre dicho dispendio es como poco insolidario e injusto.
El informe hay que analizarlo dentro del contexto en que ha sido redactado, y de la influencia que los patrocinadores tienen y que por lógica exponen en su propio interés. Hay medidas y contribuciones interesantes que deberían recogerse para quedar reflejadas en las recetas que los actuales contrincantes políticos presentan a la sociedad para que les escojan como los que mejor pueden mejorar las condiciones del país. En realidad el informe no aporta nada nuevo que no se haya explicado o mencionada en otros trabajos, informes y foros anteriores, pero quizás lo más llamativo es que cuantifica en términos laborales las medidas que según ellos mejor pueden conseguir el crecimiento económico sano y estable. En conclusión, aunque existen carencias que pueden ser interesadas o no, es un ejercicio saludable su lectura crítica, para encontrar líneas de actuación contrastadas, aunque también mejorables, y medidas que tienen un alto coste social que, o bien no se reflejan, o simplemente no es el objetivo de su estudio. Obviamente el análisis crítico de la propuesta es personal y por supuesto intransferible.