La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de emitir un informe en el que analiza las medidas adoptadas por las distintas Administraciones Públicas desde que elaboraron sus respectivos presupuestos. En primer lugar, el organismo avisa que el objetivo fijado del -4,2% del PIB para el déficit del año en curso es demasiado ambicioso, siendo la Seguridad Social y las comunidades autónomas las que tienen mayor riesgo de incumplir los objetivos específicos fijados. Por contra, la Administración Central y las corporaciones locales tienen margen suficiente para llegar a los objetivos que tienen marcados.
El cierre de 2014 ha situado el déficit en el -5,7%, quedando levemente por encima del -5,5% que tenía como objetivo el conjunto del estado. Esto se ha debido básicamente a la devolución del céntimo sanitario, por lo que pasa a calificarlo de factor sobrevenido y no recurrente. Respecto al anterior análisis de octubre de 2014, el organismo entiende que el escenario macroeconómico ha mejorado, algo que no parece vaya a cambiar en el corto plazo. La Seguridad Social presentará una evolución de sus ingresos menor de lo esperado, que no será compensado por la reducción del gasto en prestaciones por desempleo, por lo que hay una probabilidad alta de exceder el -0,6% de déficit previsto.
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En cuanto al desempeño de las comunidades autónomas, la autoridad fiscal detecta que no están tomando medidas suficientes para lograr reducir al -0,7% el déficit permitido, después de cerrar el año 2014 con una cifra del -1,7% del PIB. El motivo es que la rigidez del gasto público autonómico -a lo que habría que añadir la coyuntura electoral-, junto con diferimiento en la mejora de los ingresos que empezará a materializarse a partir de 2016, hace pensar que el déficit concluirá el presente ejercicio igual que el pasado, es decir, en el -1,7%.
El alumno destacado han sido las corporaciones locales, las cuáles han generado un superhávit del 0,5%, que se volverá a repetir durante el presente ejercicio. El AIREF ha realizado el informe al que la ley le obliga indicando que no ha podido hacer un análisis más completo porque le falta información, a lo que también hay que añadir la necesidad de un procedimiento homogéneo necesario para reportar dicha información con vistas a realizar su labor de forma objetiva. Eso no invalida las principales conclusiones a las que han llegado con los datos disponible.