El Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) ¹ consiste en un procedimiento estadístico que trata de imputar los gastos e ingresos del sector público del conjunto del estado a las comunidades autónomas mediante el método de carga-beneficio. Existe otra forma de calcular las balanzas fiscales que parten de una metodología diferente, y que se construye mediante el flujo monetario. Ambos sistemas están siendo usados políticamente para justificar estrategias diferentes de convivencia en el país, aunque en el caso que nos ocupa vamos a utilizar el método escogido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que acaba de publicar las cuentas territorializadas de 2012, además de ser el que más consenso parece tener en el conjunto del país.
Pasando a las cuestiones de interés, en el cuadro anterior se presenta los ingresos que utiliza posteriormente el SCPT para territorializar dichas partidas por comunidad autónoma. Para ello se utiliza la recaudación líquida con el criterio de caja, ya que es la mejor forma de obtener la información necesaria para agregarla después en los epígrafes utilizados. El conjunto de ingresos expuesto en el cuadro es fácil de interpretar en tanto que recogen toda la recaudación global por tributos e impuestos, cedidos o no, además de los ingresos tributarios forales y las corporaciones locales. El concepto que probablemente necesite explicarse es el de sobreesfuerzo fiscal, que se contrapone a la recaudación homogénea. Esta última representaría el conjunto de ingresos impositivos que se habría recaudado si se aplicara una única escala tributaria en todo el país. Como sabemos, parte de los tributos están cedidos a las comunidades autónomas, y además poseen capacidad de modificar sus tramos impositivos, y es por lo que el sobreesfuerzo fiscal explicitaría la actuación tributaria de las comunidades. Como se puede ver este último tramo en general es negativo, lo que implica que más que esfuerzo lo ha existido ha sido lo contrario, lo que podría significa que las comunidades autónomas no han utilizado su autonomía tributaria para aumentar la recaudación. Si miramos por regiones, la mayoría de comunidades han tenido datos positivos, existiendo otras que presentan saldos negativos suficientes para darle la vuelta al conjunto. Así tenemos Canarias con -2.440 millones de euros, País Vasco con -835 millones, la Comunidad de Madrid con -338 millones, Navarra con -287 millones y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que presentan un saldo de -78 millones.
El sobreesfuerzo fiscal de las comunidades es heterogéneo por motivos diferentes. En el cuadro anterior se presenta los datos desagregados por comunidades autónomas y figuras tributarias. Si recordamos el concepto de sobreesfuerzo fiscal, que representa la escala de esfuerzo adicional que cada comunidad exige en su territorio, podemos extraer conclusiones interesantes, curiosas, e incluso controvertidas. De todas formas los importes de los que se trata son irrelevantes (0,4% del total), y por tanto no es un elemento sustancial de análisis.
Aunque el informe del SCPT de 2012 aporta mucha más información y desagregada por comunidades autónomas que es su objetivo principal, en esta entrada se ha tratado de exponer el volumen de recursos que está en juego, y de lo que se trata en definitiva es de los recursos que disponen las distintas administraciones públicas para realizar sus políticas de gasto. La complejidad y el propósito con el que se analiza el tema está creando un intenso debate político y social, y que actualmente se está utilizando para justificar posturas maximalistas. La solidaridad entre regiones y la financiación adecuada de los servicios públicos, son temas que transcienden el ámbito puramente técnico de la estadística y de la economía, y por tanto supone elevar el debate hacia un objetivo -ingenuo probablemente en estos momentos- que es poner de acuerdo a los gestores públicos regionales y estatales para calcular un sistema óptimo, en función de los objetivos globales que se quieran conseguir, evitando así la presentación de balanzas territoriales parciales, fragmentadas, incompletas y arbitrarias.
Aunque el informe del SCPT de 2012 aporta mucha más información y desagregada por comunidades autónomas que es su objetivo principal, en esta entrada se ha tratado de exponer el volumen de recursos que está en juego, y de lo que se trata en definitiva es de los recursos que disponen las distintas administraciones públicas para realizar sus políticas de gasto. La complejidad y el propósito con el que se analiza el tema está creando un intenso debate político y social, y que actualmente se está utilizando para justificar posturas maximalistas. La solidaridad entre regiones y la financiación adecuada de los servicios públicos, son temas que transcienden el ámbito puramente técnico de la estadística y de la economía, y por tanto supone elevar el debate hacia un objetivo -ingenuo probablemente en estos momentos- que es poner de acuerdo a los gestores públicos regionales y estatales para calcular un sistema óptimo, en función de los objetivos globales que se quieran conseguir, evitando así la presentación de balanzas territoriales parciales, fragmentadas, incompletas y arbitrarias.
En estos momentos hay sectores de la sociedad que piensan que la estadística, la economía y la política es lo mismo, por lo que es muy probable que no hayan encontrado cuestiones de su interés en esta entrada. Calcular las balanzas fiscales es un trabajo técnico que necesita de economistas, de la misma manera que en los temas educativos o sanitarios debería exigirse que sean los especialistas del tema los que expongan la situación y las alternativas a los problemas existentes. Eso sí, siempre en función de unos objetivos explícitos acordados por el conjunto de las ciudadanos, o al menos por la mayoría de la sociedad. Si no existe ese consenso, es difícil presentar resultados y soluciones manejables sin caer en un territorio que traspasa el papel de experto o perito. Sinceramente, desde la perspectiva de un economista es bastante complicado defender algunas posturas territoriales sólo utilizando el SCPT o las balanzas basadas en el flujo monetario, y más bien la opinión que muchos que estos profesionales defienden parten de posiciones maximalistas basadas en planteamientos políticos e ideológicos, legítimos e incluso razonables. En este blog se parte de la idea -equivocada o no; hay que evitar dogmatismos- de que no todos los economistas hacen política, ni todos los políticos hacen economía, y por tanto se está en total desacuerdo con aquellos que piensan que todos los economistas firman un convenio o compromiso ideológico vinculante cuando inicia sus estudios en los que escogen los enfoques y presupuestos políticos con los que construirá su formación, sus conocimientos, sus experiencias y su devenir profesional en el futuro. De veras se siente, pero es un determinismo bastante cuestionable. Feliz verano.