12 de agosto de 2015

Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas 2012 (II)


Siguiendo con las cuentas públicas territorializadas de 2012, en el gráfico de arriba podemos ver las principales partidas de gasto, y en qué se gasta el dinero las administraciones en España. Como se puede ver, la partida de protección y promoción social se lleva el 40,9% del total de gasto público, básicamente en pensiones y prestaciones sociales. Por su parte, las partidas territoriales se componen de la financiación autonómica con el 25,7% del gasto, y la financiación local con el 10,0%.  Es evidente que el nivel de descentralización del gasto en España es intenso, aun descontando las prestaciones de la Seguridad Social que es una competencia fundamental del estado. Si esto último no fuese así, tal como plantean desde algunas partes del territorio, el potencial redistributivo de la renta que proporciona este mecanismo desaparecería, por lo que además de ser financieramente cuestionable a largo plazo, supondría una reducción al mínimo del brazo financiero de la administración central de estado. 


Como ya hemos comentado arriba, el gasto que se puede individualizar directamente por territorios supone casi la mitad del gasto del que disponen las administraciones públicas, y representan por tanto el volumen del que disponen para prestar servicios a aquellos ciudadanos que residen en una comunidad autónoma concreta. Los gastos relacionados con la estructura general del estado (16.774 millones de euros) es mas difícil de imputar a cada región, en tanto que son servicios que reciben indirectamente y requiere lógicamente de una aplicación uniforme para el conjunto de la población española. Los mismo le pasa con los intereses de la deuda estatal (25.995,6 millones de euros) y las políticas de regulación y promoción económica (14.666,4 millones de euros). Las prestaciones de la Seguridad Social no se asignan territorialmente, en tanto que se perciben individualmente con criterios uniforme en todo el territorio, y un ciudadano puede residir en cualquier comunidad, habiendo generado los derechos en otra.


En el gráfico de arriba podemos ver el resultado perseguido con el SCPT, que es la presentación del saldo positivo o negativo de cada región respecto al conjunto, reflejando por un lado aquellas comunidades que ingresan más de lo que gastan como la Comunidad de Madrid (13.672 millones de euros), Cataluña (1.220 millones de euros) y Baleares (412 millones de euros), y por el otro lado aquellas que gastan más de lo que ingresan, que son el resto, y en concreto Andalucía (15.476 millones de euros), Galicia (6.227 millones de euros) y Canarias (5.222 millones de euros).


En el cuadro anterior se presentan los ingresos, gastos y saldos absolutos, y su peso en el PIB regional. Destacan Extremadura que tiene un desfase del 20,9% de su PIB, Canarias el 12,9% y Asturias el 12,5%. En la quinta columna se añaden las operaciones financieras más importantes que se han realizado, como las aportaciones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Fondo de Proveedores, etc. Aunque esta partida no se corresponde con un gasto, si necesita de recursos y por tanto se imputa igual que si fuese un partida no territorializable, o se por población. Como se puede ver, el saldo final por comunidades mejora sustancialmente, siendo la Comunidad de Madrid la única que presenta un importe negativo de -3.582 millones de euros.


En este último cuadro es donde se compila quizás las principales conclusiones a extraer del ejercicio estadístico realizado. En concreto nos vamos a centrar en las tres últimas columnas. Para entender bien lo que significan, y evitar un uso incorrecto o partidista, pasamos a explicar como se ha calculado el saldo relativo per cápita , y en concreto en el caso de Andalucía. 



El resultado relativo es por tanto de 1.010 € per cápita, lo que significa que cada andaluz presenta un desfase de 1.000 euros aprox. por habitante en recursos públicos disponibles respecto al conjunto de estado, debido por una parte a que la región ingresa menos impuestos que la media nacional (1.518 eur.), y por otro lado gasta menos (509 eur.). Sacar conclusiones mas trascendentes de la dimensión de la distribución de recursos públicos en España requiere de una inmersión mas profunda en los datos que aporta el modelo, además de la comparativa con otros métodos y aspectos espinosos como la neutralización de la deuda.



En conclusión, las balanzas fiscales son un tema de máxima actualidad en tanto que existe un problema territorial que tiene un aspecto económico que se puede analizar, debatir y proponer soluciones. Por supuesto, hay otros aspectos que no pertenecen al ámbito racional y si al de los sentimientos, emociones, intereses, derechos y privilegios que es bastante más difícil de integrar en un debate técnico-económico. Probablemente, uno de los problemas principales que tienen las balanzas fiscales es que cuanto más información se da, menos las entienden el conjunto de la ciudadanos, y más fácil es presentar argumentos con intenciones más o menos constructivas. Si analizamos la producción o la renta de cada territorio junto con los saldos fiscales que se exponen en el SCPT, tendremos una opinión mas completo respecto a si el nivel de las transferencias de recursos de las regiones ricas a las pobres son proporcionales o no. Es en ese contexto donde nos podemos encontrar desde comunidades que gozan de privilegios, hasta algunas que reclaman derechos razonables y otras que simplemente persiguen mantener intereses no siempre desproporcionados. La solidaridad interregional no se soluciona con la exposición de los métodos utilizados para calcular las cuentas públicas terrritoriales, aunque tampoco con una parte importante de las propuestas que existe hoy por hoy en el revuelto mercado político-mediático nacional, que en todo caso lo que hacen es complicar todavía más la comprensión de los aspectos económicos de la cuestión. 



Referencias:¹ Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas. MHyAAPP.