25 de octubre de 2015

Riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía


La falta de actividad económica es un problema para la sociedad, en tanto que el desempleo y la escasez de recursos para atender las necesidades de ésta se manifiesta con mayor intensidad en una región como la andaluza que ya arrastra malos resultados. El indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion) que realiza el Eurostat trata de medir el riesgo de pobreza y/o exclusión social dentro del ámbito europeo. También confecciona dicha estadística a nivel regional (NUTS-2), y por tanto nos sirve de gran utilidad para ver el comportamiento de dicha variable desde 2004, y compararlo con otras regiones y territorios. En el gráfico anterior se presenta los datos para España, Andalucía y las tres principales economía regionales (Cataluña, C. Madrid y C. Valenciana). Como se puede ver, el diferencial entre la media nacional y la andaluza ha tenido un comportamiento desigual a lo largo del periodo analizado, y en el último dato disponible de 2014, la diferencia era del 13,1 puntos de diferencia. En términos absolutos, hay en Andalucía unas 3.550.000 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social, de las cuáles 335.000 se le han sumado durante el año pasado. 



En el cuadro anterior se exponen los datos por comunidades autónomas entre 2004 y 2014, y lo más destacable sin duda es el mapa tan heterogéneo que se dibuja dentro de nuestro país. Tenemos desde comunidades que presentan un porcentaje claramente inferior al nacional (29,2%) y europeo (24,4%) como Navarra (14,5%), País Vasco (15,3%) y la Comunidad de Madrid (19,2%), frente a otras como la Región de Murcia (44,9%), Andalucía (42,3%) y Extremadura (39,8%) que casi triplican el porcentaje de personas en situación potencial de pobreza. Como en otros aspectos, la comunidad andaluza presenta una peor situación relativa respecto al conjunto del territorio, entre otras razones por el peor comportamiento laboral de su economía y una estructura productiva que no absorbe la oferta de empleo regional existente.


En el gráfico anterior podemos ver la situación de las CCAA teniendo en cuenta dos variables distintas, por un lado la variación de puntos porcentuales de la tasa AROPE entre 2008 y 2014, y por otro el porcentaje en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2014. Se muestra claramente el mayor deterioro de la población en riesgo de pobreza durante la crisis en Andalucía, además de ser la tercera con mayor tasa AROPE después de la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Región de Murcia. Un caso llamativo es Extremadura, que ha logrado situar la tasa en 2014 (39,8%) por debajo de la que existía en la punta del ciclo (43,4% en 2007). 


En este cuadro se presenta el diferencial en puntos porcentuales de cada comunidad autónoma respecto al conjunto del estado. En el caso andaluz, se puede ver como durante la primera fase de la crisis los diferenciales de la tasa de pobreza fueron incluso inferiores a las del periodo precrisis disponible. Es a partir de 2013 cuando se presenta una tendencia alcista debido a un peor comportamiento relativo respecto al conjunto del estado. Es decir, que la segunda fase de la crisis ha tenido un impacto mayor en la comunidad andaluza que en el resto del territorio nacional. 



En este gráfico se presenta una nube de puntos donde se hace el mismo planteamiento pero con todas las regiones europeas que disponen de datos homogéneos para ser utilizados. La utilidad de esta gráfica está en situar España y Andalucía dentro del contexto regional europeo. Hay que matizar que no están disponibles los datos de todas las regiones, aunque de todas formas las conclusiones son claras, en tanto que a nivel europeo la posición relativa de nuestra comunidad se engloba dentro de aquellas regiones con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, y que además han tenido un peor comportamiento durante la crisis.


Coincidiendo con el día internacional para la erradicación de la pobreza, Eurostat emitió un comunicado de prensa a mediados de octubre describiendo la situación según los últimos datos disponibles. En él citaba que una de cada cuatro personas en la Unión Europea estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2014, lo que implicaba que 122 millones de ciudadanos estaban en dicha situación. Durante la fase posterior a la crisis, el nivel ha permanecido relativamente estable, creciendo en sólo 0,6 puntos porcentuales, aunque en términos absolutos esa cifra supone un incremento de 5.290.000 personas más de personas en esa situación. También es interesante señalar que esa misma tasa en 2005 era del 25,7%, lo que implica una reducción de 1,3 puntos en los últimos diez años, y todo ello a pesar de la incorporación de nuevos estados en 2004 y 2007, que partían inicialmente con un ratio peor que la media europea.


Es evidente que dentro del contexto europeo, los países que más han sufrido el incremento de la pobreza deberían ser aquellos que con mayor intensidad padecieron las restricciones financieras provocada por la crisis de deuda soberana, y que supuso ajustes duros en el gasto público. En el gráfico de arriba podemos observar el comportamiento de la tasa AROPE desde 2004, y la situación a cierre del ejercicio anterior. En los dos últimos ejercicios, los países indicados (Grecia, España, Irlanda, Italia y Portugal) han mantenido o reducido sus niveles de pobreza relativa, salvo el caso español que se ha incrementado en 2014. Es probable que la mejora en el mercado laboral que está teniendo nuestro país tenga un efecto positivo en la situación de las personas más afectadas durante el año en curso. Aún así, el diferencial respecto a la media europea se encuentra en 4,8 puntos en el caso español, y 17,9 puntos en el andaluz. Esto sitúa a Andalucía a niveles de pobreza de Rumanía o Bulgaria, e incluso 6,3 por encima de Grecia.


En el cuadro anterior se expone el riesgo de pobreza y exclusión social según sus componentes para los países que componen la zona euro entre 2008 y 2014. Por un lado se encuentra el porcentaje de personas que se encuentran en riesgo de pobreza después de transferencias sociales. Por otro lado lado, el de personas con carencias materiales severas, y por último el porcentaje de personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo (mirar cuadro ¿Qué es la pobreza y/o exclusión social?). Como se puede ver, España es el país en el que más ha crecido el porcentaje de personas en hogares con baja intensidad de trabajo. En concreto pasa de 7,5% en 2008 al 17,1% en 2014. Algo similar le ha sucedido a Grecia. En el resto de partidas, no presenta grandes diferencias respecto al comportamiento del resto de países miembros de euros.


En el cuadro último hacemos el mismo ejercicio que el realizado para la zona euro, sólo que en clave nacional. Se vuelve a ver el mismo patrón de conducta en España que el observado a nivel europeo, y es que el mayor peso en el incremento de la pobreza en Andalucía se ha debido al componente de personas que viven en hogares de baja intensidad laboral. Por tanto existe una causalidad directa entre desempleo y aumento del riesgo de pobreza o exclusión social, algo que por cierto es totalmente esperable. Ahora bien, parece razonable que si esto es así, este tipo de pobreza se puede reducir mucho mejor utilizando políticas de oferta que estimulen las condiciones económicas para crear empleo, que profundizando en la redistribución de la renta. Mejorar pues la capacidad productiva andaluza es primordial para empezar a reducir el desempleo y la pobreza relacionada con este fenómeno. 


¿Qué es el riesgo de pobreza y/o exclusión social?El riesgo de pobreza y/o exclusión social es un concepto amplio que trata de analizar no solo los términos monetarios de ésta (básicamente el nivel de renta), sino también otros factores que proporcionan una orientación distinta de la pobreza y de la exclusión social. Estos indicadores son: la tasa de riesgo de pobreza después de transferencias sociales, la carencia material severa de bienes, y por último aquellos hogares que presentan muy baja intensidad laboral. Hay que tener en cuenta que las personas sólo se cuentan una vez aunque estén incluidas en varios de los indicadores citados, y no se aplica a personas que tengan 60 años o más. Al grupo de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social se les denomina AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion), y este indicador se enmarca dentro de la estrategia Europa 2020 que entre otros objetivos, marca para España un descenso de 1.400.000 menos en esa situación de riesgo. A continuación se exponen las definiciones de los indicadores anteriormente citado según el INE:
Personas en riesgo de pobreza después de transferencias socialesPersonas cuyos ingresos son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente (después de transferencias sociales). Los ingresos corresponden al año anterior al de la encuesta.
Carencia material severaLa carencia material severa es la proporción de población que vive en hogares que carecen de al menos cuatro conceptos de los nuevo siguientes:
  1. no tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con la vivienda o compras a plazos,
  2. mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos,
  3. hacer frente a gastos imprevistos
  4. una comida de carne, pollo o pescado cada dos días,
  5. ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año,
  6. un coche,
  7. una lavadora,
  8. una televisión a color,
  9. un teléfono.
Personas que viven en hogares con muy baja intensidad de trabajoPersonas de 0 a 59 años que viven en hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su potencial total de trabajo en el año anterior al de la entrevista (periodo de referencia de los ingresos). Se calcula el número de meses en los que los miembros del hogar han estado trabajando durante el año de referencia, y por otra parte el total de meses en los que teóricamente esos mismos miembros podrían haber trabajado. Se calcula el ratio y se determina si es inferior al 20%.

En conclusión, el fenómeno de la pobreza es una de las preocupaciones más actuales, y que además está generando un mayor debate. En el caso de Andalucía, estos niveles no son ni nuevos ni dramáticos desde la perspectiva de su historia reciente, en tanto que con una población de 7.687.518 habitantes en 2004, el 37,6% de su población (2.890.000 personas aproximadamente) estaba en situación de pobreza y/o exclusión social. Si se analiza la hemeroteca, la pobreza no era una preocupación ni desde la perspectiva social ni política en aquel momento. Es evidente, que estos niveles deberían de haber sido objeto de análisis y respuesta estratégica por parte de los responsables públicos hace diez años para conseguir una reducción importante desde el punto de vista relativo respecto al ratio de referencia nacional o europeo. Como se puede observar, los niveles de pobreza en el caso de Andalucía es históricamente elevado y la mejora relativa ha sido escasa, por lo que al margen de la coyuntura económica de cada momento, existen elementos estructurales que transciendo del ámbito económico, cronifica este problema, que se suman a los muchos que arrastra la región. Es difícil proponer soluciones que hagan mejorar la situación y conseguir reducir los niveles de pobreza hacia los estándares europeos o españoles, entre otras razones porque hace falta cambiar paradigmas que están excesivamente arraigados en las instituciones y la sociedad andaluza. La situación por tanto es ésta, y las soluciones tienen un componente económico en cuanto que hay que crear riqueza, incrementar la producción, la productividad y valor añadido, para mejorar la renta y la capacidad recaudatoria con la que poner en marcha estrategias que reviertan la situación. Tener claro los conceptos causa-consecuencia es probablemente uno de aspectos a mejorar en la percepción de la sociedad y de los gestores públicos regionales.



Referencias: